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Al exigir de Rusia extraditar a Lugovói, Gran Bretaña niega extradición de individuos odiosos

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El Ministerio de Exteriores de Gran Bretaña declaró el lunes que del país serán expulsados 4 diplomáticos rusos como respuesta a la negativa de Rusia a extraditar al empresario Andrei Lugovói, acusado en Gran Bretaña de estar involucrado en el asesinato del ex oficial del FSB, Alexandr Litvinenko.

Moscú, 17 de julio, RIA Novosti. El Ministerio de Exteriores de Gran Bretaña declaró el lunes que del país serán expulsados 4 diplomáticos rusos como respuesta a la negativa de Rusia a extraditar al empresario Andrei Lugovói,  acusado en Gran Bretaña de estar involucrado en el asesinato del ex oficial del FSB, Alexandr Litvinenko.

Lugovói refuta categóricamente tales acusaciones, afirmando que las formularon por motivos políticos. Por estos mismos motivos los jueces británicos le negaron a Rusia la extradición del empresario Borís Berezovski; de Yuli Dúbov, el socio del primero en la compañía LogoVAZ; de Ahmed Zakáev, emisario de los separatistas chechenos; del propio Alexandr Litvinenko y de los ex ejecutivos de YUKOS: Natalia Chenishova, Dmitri Marúev y Alexandr Temerko.

Conviene señalar que Gran Bretaña también negaba a otros países la entrega de presuntos delincuentes. Por ejemplo, en 2004 no quiso extraditar a EEUU  al islamista radical Abu Hamza al Masri bajo el pretexto de haber cometido éste delitos insignificantes en Gran Bretaña, mientras que existía mucha probabilidad de que en EEUU lo condenasen a la pena capital, acusándolo de la actividad terrorista.

Expertos rusos hacen recordar que en 2002 un tribunal distrital de Londres negó la entrega del argelino Lotfi Raissi, sospechoso, según autoridades estadounidense, de estar involucrado en los atentados del 11 de septiembre.

Durante diez años Londres le negaba a Francia la extradición del terrorista argelino Rashid Ramda (Abu Fares), quien gozaba del estatuto de refugiado en Gran Bretaña a causa "de un posible maltrato a los musulmanes en el sistema judicial francés".

A Farj Hasan Faraj, conocido como "Hamza libio", las autoridades italianas lo acusan de formar parte de un grupo criminal internacional que preveía realizar atentados en Italia y fuera del país. Los italianos exigieron su extradición, pero la parte británica de hecho se lo negó.

En opinión de expertos, los ejemplos aducidos (también existen otros) no dan fundamento para deducir de que los jueces británicos tomen decisiones guiándose sólo por motivos políticos. A veces lo hacen pariendo de sus propios convencimientos (lo que es de lamentar), los que a menudo coinciden con la política que aplican los dirigentes del país.

La legislación británica, incluida su nueva ley de la extradición, se presta a numerosas interpretaciones. Tal situación no puede servir de motivo, ni mucho menos, para  que otros países modifiquen sus legislaciones.

Es más, tal "cooperación" de Gran Bretaña en materia de lucha antiterrorista puede ser interpretada por la comunidad mundial como complicidad de Londres con el terrorismo internacional, subrayan los expertos.

 

 

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