Redes criminales emergentes en Latinoamérica

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El mundo de la delincuencia organizada en América Latina está atravesando transformaciones profundas, al mismo tiempo que su peso en la economía y la sociedad está aumentando. Sus relaciones con la política y las fuerzas del orden se están diversificando en modo impredecible.

El mundo de la delincuencia organizada en América Latina está atravesando transformaciones profundas, al mismo tiempo que su peso en la economía y la sociedad está aumentando. Sus relaciones con la política y las fuerzas del orden se están diversificando en modo impredecible.

Para el politólogo colombiano Juan Carlos Garzón, las nuevas organizaciones criminales se parecen más a una red social como Facebook que a lo que él llama el “modelo del Padrino”, o sea una estructura jerarquizada con decisiones verticales desde arriba y una esquema de reglas muy rígido.

El “modelo Facebook” también tiene sus jerarquías, pero son mucho más fluidas y versátiles. Tienden a promover plataformas provisorias y formas de colaboración abiertas a todo tipo de usuarios y asociados. Varios actores pueden intervenir con agendas múltiples, en una mezcla extraña que vuelve mucho más difícil la investigación y la represión de dichas redes.

La reciente rebelión policial con sabor a golpe de Estado en el Ecuador es un ejemplo del modo en que una compleja relación entre corrupción policial, redes delictivas y organizaciones paramilitares emergentes pudo haberse entrelazado con maniobras políticas ambiguas – en este caso, contra un gobierno que promueve reformas controvertidas susceptibles de afectar privilegios bien atrincherados.

En apariencia, los policías insurrectos estaban protestando contra la eliminación de algunas bonificaciones salariales. Sin embargo, el gobierno de Quito está todavía tratando de entender qué teclas ultrasensibles ha podido tocar, sin darse mucha cuenta, en el oscuro entramado de oportunidades de ganancias ilegales abierto a los uniformados. El temor de perder estos beneficios inconfesables puede haber alimentado la revuelta, combinándose con intenciones políticas todavía poco esclarecidas.

Después de la rebelión fallida, un columnista del diario oficialista El Telégrafo escribió: “Ojalá no sea el inicio de una suerte de “mexicanización” del Ecuador, con la conformación de grupos paramilitares que reproduzcan la lógica de los Zetas,” refiriéndose a la temible organización criminal fundada por desertores de la fuerzas especiales del ejército mexicano. Puede ser que la comparación con México sea muy exagerada, pero algo de eso hay. No se puede excluir que este tipo de redes emergentes y agendas híbridas se vuelva un factor significativo en la política latinoamericana.

Paradójicamente, en las dos últimas décadas, la mayoría de países de la región han conocido progresos sustanciales en materia de “buena gobernanza” y participación ciudadana. Hay excepciones, pero las tendencias positivas y la confianza en la democracia se notan en muchas partes. ¿Puede el auge paralelo de las actividades delictivas amenazar estos progresos?

Hablando de México, la Secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton explicó que para combatir los estragos sociales vinculados al auge del narcotráfico, había que construir “comunidades más fuertes y más resistentes”. Sin embargo, en una sociedad mercantil, no hay muchos dispositivos cívicos capaces de resistir a una dinámica económica en la que existe un ejército de reserva de jóvenes sin empleo dispuestos a matar por 200 dólares y un valor agregado que puede llegar a 15.000 % en el caso de la cocaína producida en la región andina con destino a Europa.

A inicios de 2009, tres ex presidentes latinoamericanos – el colombiano César Gaviria, el brasileño Fernando Henrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo – emitieron un juicio devastador: la “guerra contra las drogas” fracasó miserablemente. No sólo no frenó la producción y el tráfico, sino que puso en peligro la democracia y socavó instituciones estatales de por sí ya frágiles. En 2005, Bolivia eligió como primer mandatario un antiguo cultivador de coca que sufrió los embates de brutales campañas de erradicación. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, cuyo padre desempleado fue arrestado por tráfico de drogas en los Estados Unidos en los años setenta, declaró hace poco al New York Times que “la estrategia antinarcótica estadounidense está completamente equivocada.”

En privado, y a veces en muy selectos foros públicos, funcionarios de gobierno, diputados e incluso algunos responsables policiales empiezan a evocar la posibilidad de algún tipo de legalización selectiva. El tema de la despenalización es sumamente delicado; de ambos lados del Río Grande, no hacen falta los demagogos y fundamentalistas dispuestos a alimentar el pánico moral. Tampoco sería una solución fácil o sin dolor. Una vez, asistí a un ensayo público de la escuela de samba de Mangueira, en Rio de Janeiro, justo antes del Carnaval. El amigo brasileño que me acompañaba me señaló los hombres armados encargados de la seguridad del evento, al acecho en las calles aledañas. “Estoy totalmente a  favor de una legalización bien hecha,” me dijo, “¿pero que haces con estos tipos? Hay miles de ellos, y no van a dejarse quitar las armas, el estilo de vida y las ganancias tan fácilmente. ¿Quién sabe adónde irán a reciclarse?”

Hay una cosa cierta: el nivel de confianza del público en los organismos de mantenimiento del orden está muy bajo en la mayoría de países latinoamericanos. Si los delincuentes logran convencer cada vez más ciudadanos honestos que su influencia y sus armas son la única forma de protección en la que pueden ampararse, el futuro se ve muy negro.

*Marc Saint-Upéry es periodista y analista político francés residente en Ecuador desde 1998. Escribe sobre filosofía política, relaciones internacionales y asuntos de desarrollo para varios medios de información en Francia y América Latina entre ellos, Le Monde Diplomatique y Nueva Sociedad. Es autor de la obra El Sueño de Bolívar: El Desafío de las izquierdas Sudamericanas.

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