El juez federal Sterling Johnson decretó ayer el secreto de sumario en el “caso de las exportaciones ilegales a Rusia”, por el que las autoridades de EEUU detuvieron en octubre pasado a ocho personas, incluidos cuatro empresarios de nacionalidad rusa.
De esta forma, el magistrado atendió la petición del fiscal Daniel Silver, quien reclamó esta medida alegando que el caso contiene información “sensible desde el punto de vista de la seguridad nacional de EEUU”. A partir de ahora, los acusados y su defensa tienen prohibido hacer difusiones sobre el contenido del caso y transmitir a terceros las copias de documentos de la Fiscalía y el FBI.
Al comentar la decisión del juez federal, el abogado de uno de los rusos acusados opinó que el caso contiene solo un secreto, los nombres de agentes estadounidenses que con toda probabilidad se encuentran en territorio ruso.
Por otro lado, el Tribunal de Nueva York puso ayer en libertad bajo fianza a la rusa Victoria Klebánova, considerada figura clave del caso por la Fiscalía que insistía en su ingreso en prisión preventiva. La acusada podrá recuperar la libertad previo pago de 250.000 dólares, según el fallo.
El “caso de las exportaciones ilegales” trascendió el pasado 3 de octubre, cuando el FBI informó sobre la detención de ocho personas bajo cargos de suministros ilegales de tecnologías electrónicas a Rusia. Además, había otros tres implicados en el mismo caso que, presuntamente se encontraban en el país eslavo, indicó la entidad.
Los detenidos fueron acusados de exportar componentes microelectrónicos “sujetos a rigurosos controles gubernamentales por su posible uso militar” a agencias de inteligencia y defensa rusas.
Cuatro de ellos, Alexandr Fishenko, director de la empresa Arc Electronics con sede en Houston, Victoria Klebánova, Alexandr Posobilov y Anastasia Diatlova, tienen pasaportes ruso y estadounidense. El Ministerio de Exteriores de Rusia les prometió apoyo en el proceso judicial.
Los acusados, que se declararon inocentes ante los tribunales, podrían enfrentarse a cadena perpetua si el juez los declara culpables de los delitos imputados. Según los abogados, el proceso por este caso durará al menos dos años y costará unos dos millones a la Fiscalía estadounidense.
