Durante los últimos días, más de 50 personas murieron en Egipto y más de 1.000 resultaron heridas.
Pasados dos años desde del inicio de la revolución en este país árabe que forzó la dimisión del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak, que gobernó el país durante 29 años, Egipto vuelve a estar en la antesala de una nueva revuelta.
Si el actual presidente egipcio, Mohamed Mursi, no encuentra una fórmula de compromiso con el Ejército, los militares podrían protagonizar un golpe de estado.
El Ejército egipcio estuvo al margen de la disputa política
La situación en Egipto no ha logrado estabilizarse durante los últimos dos años. En 2011, la élite gobernante trataba de mantenerse en el poder, al apostar por Omar Suleiman, exjefe de la inteligencia egipcia nombrado vicepresidente del país.
Suleiman estaba bien visto en Occidente debido a su participación en el arreglo del conflicto palestino-israelí, pero no gozaba de apoyo suficiente por parte de las Fuerzas Armadas de Egipto.
Por eso el general Omar Suleiman se vio obligado a retirarse y en 2012 presentó su candidatura a la presidencia de Egipto, pero no le permitieron participar en las elecciones. En julio pasado, Omar Suleiman, falleció en un hospital de EEUU.
El éxito de la revolución egipcia se puede atribuir en gran parte al hecho de que el Ejército nacional estaba al margen de la disputa política. Las autoridades militares de Egipto decretaron el toque de queda y tomaron bajo su control grandes ciudades del país y todos los puntos estratégicos, pero no se intervenía en los acontecimientos.
Fue el Ejército el que logró prevenir que el país se sumiese en un caos político, al convencer al presidente Hosni Mubarak de transferir el poder al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto (SCAF) encabezado por el ministro de Defensa e Industria Militar, Hussein Tantawi.
Esto no era un golpe de estado, porque el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto se asumió el compromiso de transferir todo el poder al nuevo líder del país elegido democráticamente.
Esto no pasó en de seis meses, según lo planeado, sino un año y medio después, pero es una cuestión aparte.
Durante el período de transición, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto logró restablecer la seguridad y mantener el orden en el país, así como llevar a cabo una reforma constitucional, iniciar el proceso judicial contra el expresidente egipcio Hosni Mubarak, miembros de su familia y representantes de su círculo más próximo, restablecer el flujo de turistas extranjeros y llegar a un acuerdo con Occidente y las monarquías del Golfo Pérsico sobre la asignación de una ayuda financiera a Egipto. Todo eso sentó las bases para la actividad del futuro presidente.
Victoria de los islamistas
Los islamistas, sobre todo la organización Hermanos Musulmanes -que se declaró ilegal en 1954, después de que fuese perpetrado un atentado contra el entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser- se apresuraron a aprovechar los resultados de la revolución.
Desde 1982, esta organización tomó parte de manera no oficial en las elecciones parlamentarias, al promover a sus militantes a través de las listas de los partidos registrados o como candidatos independientes.
En las elecciones parlamentarias de 2005, los candidatos de los Hermanos Musulmanes obtuvieron 88 escaños en el parlamento (un 19%) y formaron una facción opositora. En las elecciones celebradas en noviembre de 2010, las autoridades ejercieron una considerable presión sobre los representantes de esta organización, lo que no les permitió entrar en el parlamento. Esto provocó un boicot de la segunda ronda de las elecciones y múltiples acciones de protesta.
En el período de noviembre de 2011 a enero de 2012, en Egipto se celebraron los comicios a la Asamblea Popular (cámara baja del Parlamento) en las que los islamistas lograron la mayoría de los escaños.
El Partido islamista moderado Libertad y Justicia (ala política de Los Hermanos Musulmanes) obtuvo un 45% de los escaños. Un 25%, lo ganó el partido radical salafista Al Nur. El partido liberal Wafd ocupó el tercer lugar. Los siguió un bloque que agrupa a los partidos laicos de Egipto.
Antes de la segunda ronda de las elecciones presidenciales, que se celebraron del 16 al 17 de junio de 2012, el Tribunal Supremo Constitucional (TSC) de Egipto anuló los resultados de la elección de una tercera parte de los diputados de la Asamblea Popular, los candidatos promovidos por los partidos en los distritos electorales independientes, lo que provocó la disolución de la cámara baja del parlamento egipcio.
Sin embargo, el representante del los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi, reunió un 52% de los votos.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto hizo un intento de impedir que los islamistas tuvieran en sus manos las riendas reales del poder. En vísperas de la ceremonia de investidura de Mursi, las autoridades militares aprobaron una “declaración constitucional”, en virtud de la cual el SCAF se reservó las funciones legislativas, mientras que el presidente no tenía derecho de controlar a las Fuerzas Armadas.
Esta dualidad del poder no duró mucho. El presidente Mursi disolvió el SCAF y se devolvió los poderes del comandante supremo. Es posible que las autoridades militares hayan podido apartar del poder a Mohamed Mursi, pero no lo hizo, entre otras cosas bajo la influencia por parte de Occidente.
Al obtener una victoria temporal sobre el Ejército, los islamistas iniciaron los procesos judiciales contra sus representantes e intentaron desacreditar a las Fuerzas Armadas de Egipto ante los ojos de los ciudadanos del país. No era nada sorprendente en esta reacción de los Hermanos Musulmanes y sus aliados, porque los militares reprimieron su actividad durante más de medio siglo.
Pero la élite militar manifestó firmeza. Al controlar hasta un 30% del potencial económico del país, se distanció conscientemente de los procesos políticos esperando un momento favorable para volver a desempeñar un papel especial en la sociedad egipcia.
Nueva ola de violencia en Egipto
El segundo aniversario de la revolución egipcia coincidió con una grave crisis política en el país. Los Hermanos Musulmanes no tenían razón al proclamar la ley islámica, la 'sharia', como base legislativa del nuevo Estado egipcio. Esto provocó descontento no sólo de los cristianos coptos, sino también de los representantes de la principal alianza de la oposición egipcia, el Frente de Salvación Nacional (FSN).
Como resultado, la oposición acusó al presidente Mursi y a los Hermanos Musulmanes del intento de usurpar el poder en Egipto y traicionar las ideas de la revolución. Durante los últimos días, las manifestaciones de protesta multitudinarias se celebraron en El Cairo, Suez, Ismailia, Port Said, Alejandría y otras ciudades de Egipto. Estas acciones con frecuencia desembocaron en disturbios.
Ejército como garante de estabilidad
En la coyuntura actual, el Ejército no pudo actuar como observador imparcial. Aunque los comandantes de las Fuerzas Armadas declararon que no iban a involucrarse en los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, “para garantizar el orden y la seguridad” las unidades militares entraron en las ciudades de Suez, Ismailia y Port Said.
La causa principal de esto fue la amenaza real de la interrupción del tránsito de buques a través del canal de Suez. Esto pudo tener graves consecuencias para la economía del país.
Es decir, las Fuerzas Armadas en el nuevo Egipto siguen desempeñando un papel importante. La cúpula militar no tiene intenciones de producir golpes de estado, pero el propio hecho de la existencia del Ejército contiene el empuje tanto de los islamistas que aspiran a establecer una dictadura, como los representantes de criminales.
Posteriormente mucho dependerá de la capacidad del presidente Mursi de desarrollar las relaciones con los militares. Si Mursi continúa el rumbo hacia la islamización acelerada del régimen político en el país, menospreciando los intereses de los jóvenes y de las mujeres, con este empeoramiento de la situación económica la élite militar puede decidirse a producir un golpe de estado para salvar el país de la catástrofe.
Pero este desarrollo de los acontecimientos no es inevitable. Es posible que los islamistas moderados, en cuyas manos se ha concentrado el poder entiendan que es necesario gozar de respaldo por parte del Ejército nacional. Sólo en este caso tendrán un futuro político.
*Vladimir Yevséev es director del Centro ruso de Estudios Políticos
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI
