El Gobierno conservador español impulsará la explotación del fracking, a pesar de la campaña de movilización de la sociedad civil en contra de este tipo de extracción que horada las rocas con agua a presión, arena y agentes químicos.
La técnica podría ser perjudicial para la salud y el medio ambiente.
Los gobiernos regionales socialistas han aprobado leyes estos últimos meses contra este método de extracción. El Tribunal Constitucional ha derogado estas iniciativas, dando la razón al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Ministerio de Industria considera una medida “prioritaria” el “favorecer la exploración y explotación del gas natural no convencional y otras fuentes de energía” con el objetivo final de “asegurar un suministro energético estable, competitivo y sostenible”, informa hoy el diario El Mundo.
El ministerio, sin embargo, no explica cómo promoverá el fracking en el documento que se recoge en la Agenda para “el fortalecimiento del sector industrial” que ha remitido el ministro del ramo, José Manuel Soria, a las empresas del sector energético y a los sindicatos.
El Gobierno afirma en este documento que la industria española soporta “un coste eléctrico un 10% superior al coste medio de la Unión Europea” y ha decidido apostar por el fracking tras la fiebre desatada tras el éxito de estas operaciones en Estados Unidos.
Desde que llegó al poder el Partido Popular, a finales de 2011, se ha disparado la concesión de permisos de explotación en un 35%.
“Además de los 23 permisos de explotación vigentes, actualmente se han concedido 68 autorizaciones de investigación y otras 55 esperan respuesta por parte de las autonomías o del Estado”, explica El Mundo
Soria también ha dado luz verde a las prospecciones petrolíferas que la empresa Repsol hará en las islas Canarias a partir de septiembre. La decisión ha levantado una fuerte oposición tanto del Gobierno autonómico como de la ciudadanía que reclaman una consulta popular.
