El gobierno de México estima en 40 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) la multa por contaminar ríos con un derrame de ácidos, en el estado de Sonora (noreste), contra el Grupo México, la minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo.
"Se prevé que la empresa sea multada hasta con 40 millones de pesos, con base en la ley de Responsabilidad Ambiental; además, la ley permite obligar a la empresa a remediar todo el daño ambiental que ha generado", dijo el martes a periodistas el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra.
Un deslave en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, provocó el 6 de agosto pasado el derrame de 40 mil metros cúbicos (10 millones de litros) de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas del municipio Cananea, del desértico estado de Sonora, fronterizo con EEUU.
El deslave se extendió por el arroyo Tinajas (17.6 km); el río Bacanuchi (64 km), el río Sonora (190 km) y la presa El Molinito (con capacidad de 15,4 millones de metros cúbico), que fue cerrada por precaución, sin evidencias de contaminación, dijo el funcionario a la prensa.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizó un dictamen técnico en donde demuestra que el derrame se ocasionó por "una falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados (fluidos en los depósitos de residuos mineros) y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa".
La empresa ha argumentado que el percance se ocasionó por lluvias arriba de la media normal, "sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Conagua, demuestran que esto es absolutamente falso", dijo el funcionario del gabinete gubernamental.
La fiscalía ambiental revisa el cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados; y abrió una denuncia penal contra quien resulte responsable, con pena de uno a nueve años de cárcel, dijo el procurador federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro.
Además, la empresa ha sido obligada a realizar un monitoreo superficial y subterráneo dos veces al mes durante los próximos cinco años.
Las actividades de 33 pozos contaminados que sirven a unas 20.000 personas fueron suspendidas en la zona de riesgo y dos balnearios fueron cerrados por estar cerca del río.
Los problemas para la empresa se incrementaron la víspera cuando un tren de carga con 240 toneladas de ácido sulfúrico, propiedad de la minera Grupo México, descarriló en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora (noreste), cerca de la frontera con Estados Unidos, pero sin causar derrames de químicos.
Ese corporativo es dueño de Ferrocarril Mexicano, la división de transporte ferroviario de la compañía, opera la flota ferroviaria mexicana más grande del país, y lleva 50 años operando en los Estados Unidos, México y Perú, con múltiples operaciones en minas.
El jueves pasado, el Congreso de México pidió cancelar la concesión a la empresa minera Grupo México por el daño ecológico causado en una de las mayores minas del mundo.
En la única declaración emitida, Grupo México afirmó la semana pasada que la mina de cobre es una "operación minera limpia y eficiente que no había informado de un solo incidente ambiental desde que la compañía comenzó a operar hace más de 23 años".
En la mina accidentada trabajan 9.000 mineros, que producen más de 200.000 toneladas de cobre anuales y busca intensificar la explotación para elevar la producción a 500.000 toneladas al año, mediante una inversión de 3.200 millones de dólares.
