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Manifestantes bloquean la sede de la fiscalía federal de México por 43 desaparecidos

© REUTERS / Tomas BravoManifestantes bloquean la sede de la fiscalía federal de México por 43 desaparecidos
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Decenas de familiares y compañeros de 43 estudiantes desaparecidos desde hace 41 días en Iguala, Guerrero, sur de México, bloquearon los accesos a la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) en la capital mexicana, en protesta por la falta de resultados de las investigaciones.

Decenas de familiares y compañeros de 43 estudiantes desaparecidos desde hace 41 días en Iguala, Guerrero, sur de México, bloquearon los accesos a la sede central de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) en la capital mexicana, en protesta por la falta de resultados de las investigaciones.

Los manifestantes apoyados por alumnos Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocaron un enorme cartel con la leyenda "Clausurado", dos días después de la detención del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de ordenar a policías y narcotraficantes los ataques contra los estudiantes de la escuela rural de maestros Ayotzinapa.

La consigna de "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", los inconformes exigieron a la fiscalía federal que encabeza Jesús Murillo el castigo a los culpables materiales y a los cerebros de las agresiones que dejaron seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos la noche del 26 de septiembre pasado.

La protesta fue convocada por la denominada Asamblea Interuniversitaria, se prolongó todo el jueves hasta el atardecer, cuando los alumnos y familiares de los desaparecidos se retiraron.

Mientras tanto, fue ocupado por manifestantes el Palacio Federal del puerto de Acapulco, 400 km al sur de Ciudad de México, en las costas del montañoso estado de Guerrero, infestado por pandillas del crimen organizado y narcotraficantes.

La acción de protesta por el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de origen indígena fue organizada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), campesinos y estudiante.

Esas mismas organizaciones también ocuparon la sede del poder Judicial en Chilpancingo, donde trabajan unos 500 funcionarios en la capital de Guerrero, a medio camino entre la Ciudad de México y el famoso destino turístico de Acapulco.

La investigación de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio rural está en suspenso, debido a fallas técnicas de las pruebas forenses en 30 cuerpos calcinados encontrados en fosas clandestinas en los cerros que rodean Iguala, descubiertos a partir de las confesiones de los verdugos, policías y sicarios de narcotraficantes detenidos.

Los primeros peritajes realizados por la fiscalía del estado de Guerrero en esos restos humanos dieron negativo en su relación con los 43 estudiantes desaparecidos.

Sin embargo, el Procurador General Jesús Murillo (fiscal federal), dijo el 23 de octubre, que las primeras pruebas que anulaban la conexión con los desparecidos podrían ser erróneas.

Las pruebas genéticas de ADN presentadas el 14 de octubre por la fiscalía de Guerrero, "pueden tener error en su recopilación, orden u organización. Por eso se pidió la participación de peritos extranjeros", argentinos, dijo el procurador.

A partir de entonces, los familiares decidieron confiar únicamente en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que llegó a Iguala dos días después de los hallazgos de restos, gracias a que aún investiga en México una masacre de 72 migrantes ilegales en 2010.

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