El escándalo de corrupción que este viernes volvió a salpicar a la semiestatal Petrobras y que se saldó con la detención de un exdirectivo de la petrolera brasileña y 84 empresarios y políticos pone en riesgo algunos de los proyectos de infraestructura más importantes del gobierno de Dilma Rousseff.
Los contratos públicos a cargo de las empresas implicadas en la trama de corrupción penden de un hilo ya que si la justicia determina la culpabilidad de sus directivos, los acuerdos que mantienen con el Estado podrían ser anulados y se les denegaría el permiso para participar en nuevos concursos públicos.
En concreto ocho de las diez principales obras del programa nacional Progreso de Aceleración del Crecimiento podrían ser paralizadas por orden judicial si se confirma la implicación de los empresarios y ejecutivos detenidos este viernes en el marco de la operación Lava Jato, que investiga delitos por desvío de fondos y blanqueo de capitales que salpican a los principales partidos políticos y algunas grandes empresas de Brasil, entre ellas Petrobras.
"Se analizará lo que sea más ventajoso para el Estado, ya sea cancelar contratos o permitir que sean concluídos", explicó el especialista Gil Castelo Branco, fundador de la ONG Contas Abertas (Cuentas Abiertas).
La lista de proyectos que podrían ser paralizados incluye a la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, cuyo coste para las arcas de Brasil asciende a más de 12.000 millones de dólares, así como la refinería Abreu Lima de Pernambuco (13.600 millones), el complejo petroquímico de Río de Janeiro (10.000 millones de dólares) y la central nuclear Angra 3 de Río de Janeiro (9.200 millones).
Entre los sospechosos aprendidos este viernes pos las autoridades brasileñas se encuentran varios directivos y altos ejecutivos de las mayores empresas de Brasil, entre ellas Galvão Engenharia, las constructoras Iesa y Camargo Correa, el conglomerado Odebrecht y la multinacional energética Grupo Andrade Gutierrez.
Esta semana Petrobrás ocupó el centro de la atención mediática de Brasil tras saberse que la empresa más grande de Brasil está siendo investigada en Estados Unidos supuestas irregularidades cometidas en su territorio.
Este viernes las acciones de Petrobras se derrumbaron en bolsa tras conocerse la detención de Renato Duque, antiguo director de Servicios e Ingeniería de la petrolera.
La operación Lava Jato investiga desde marzo de este año una trama corrupta que cometió delitos económicos por valor de aproximadamente 3.800 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones corresponden a la petrolera brasileña.
