Actualizada a las 23.28 horas de Moscú
Un juez federal ordenó este sábado la liberación sin cargo de once estudiantes, incluido un chileno, arrestados hace una semana en los disturbios frente al Palacio Nacional de México, en una masiva protesta por los 43 estudiantes de magisterio rural desparecidos hace dos meses, dijo a Sputnik Rocío Culebro, defensora de los estudiantes y directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El juez "ordenó liberar a todos los once detenidos en el Zócalo (Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional) el 20 de noviembre, al terminar la manifestación en la cual se exigía la aparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa", dijo vía telefónica Culebro.
En el grupo de 11 jóvenes hay ocho hombres y tres mujeres, divididos en dos penales de alta seguridad en la provincia mexicana "y se espera que la orden sea ejecutada este mismo sábado por la tarde, liberando a todos los detenidos" al final de trámites de liberación, prosiguió.
Entre los once estudiantes que saldrán libres sin cargos está el alumno de doctorado en literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laurence Maxwell, quien estaba bajo proceso, y el cónsul de Chile ya está en el penal de alta seguridad para recibirlo, dijo la defensora humanitaria.
El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo en su primera reacción a la prensa que "es una muy buena noticia para su familia, para Laurence, para sus amigos, y por supuesto para el gobierno de Chile''.
''La presidenta (Michelle Bachelet) me ha encargado de comunicarle a la familia, particularmente a su madre, nuestra complacencia'', agregó el canciller, sobre la liberación del estudiante, quien militó en su juventud contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El grupo de 11 estudiantes arrestado estaba acusado de "motín, tentativa de homicidio y asociación delictuosa", pero todos los cargos fueron anulados por falta de pruebas en su contra, dijo la defensora humanitaria, cuya ONG trabajó con otros organismos para demostrar la inocencia de los detenidos.
En cuanto a los encapuchados que lanzaron cocteles molotov al enfrentarse con la policía y no han sido detenidos "son personas que deben ser investigados por la Procuraduría General de la República" (PGR), dijo la defensora.
"Pero las investigaciones están mal hechas, porque detuvieron a quienes no tenían participación y eran inocentes, no queremos provocadores en las protestas pacíficas", puntualizó Culebro.
Los ocho hombres estuvieron detenidos en el penal de alta seguridad de Perote, Veracruz (250 km al este de la capital), y las mujeres en Centro Federal de Readaptación Social femenil de Nayarit (150 km al oeste), ambas cárceles federales de alta seguridad, para delincuentes peligrosos.
En la defensoría de los estudiantes que fueron detenidos la noche del 20 de noviembre, al final de una caravana nacional en un día de acción global por los 43 estudiantes de Ayotzinapa trabajaron en conjunto la Organización de Defensoría de la Infancia y el IMDHD.
"Fue un trabajo conjunto intenso, durante una semana, en la que los abogados descansaron pocas horas para presentar las pruebas y los alegatos para demostrar la inocencia de del grupo de jóvenes", dijo la directora del organismo humanitario.
"Demostramos que las personas detenidas no son los que atacaron a la policía con cócteles molotov, esperamos que en las siguientes manifestaciones las autoridades no vuelva a detener a ningún estudiante ni persona por ejercer el derecho de manifestación ni por el derecho de disentir", puntualizó la dirigente del movimiento de defensa de los DDHH.
La liberación ocurre dos días después de que el presidente de México, Enrique Peña, dio un giro a su estrategia de gobierno acosado por la violencia, al lanzar un plan de 10 acciones contra el crimen, la corrupción y la pobreza.
Peña presentó un plan urgente para reforzar la debilitada seguridad, la deficiente impartición de justicia y el acosado Estado de Derecho, como respuesta a la crisis política por la desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero (200 km al sur).
La nueva estrategia abandona el énfasis en reformas estructurales en la economía, con pivote en la abolición del monopolio estatal petrolero de 76 años, a dos meses de la tragedia de Iguala, cuando los alumnos indígenas de Ayotzinapa fueron atacados por orden un alcalde, corrompido por narcotraficantes, quien dio la orden de matarlos.
Peña prometió que no habrá "impunidad y que todos los culpables sean castigados".
Organismos humanitarios rechazaron el plan del presidente Peña, porque "no está centrado en erradicar la grave problemática de la desaparición forzada de personas", plantearon ocho organizaciones auxilian a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Ante la tragedia de más de 23.600 desapariciones registradas desde 2007, los organismos reprocharon que el presidente "omitiera incluir medidas inmediatas y emergentes, para garantizar justicia y verdad en todas las desapariciones denunciadas".
