El Consejo de Ministros de España aprobó este viernes un anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que amplía el tiempo de intervención de las comunicaciones, donde se incluyen SMS y correos electrónicos, y limita el tiempo de instrucción de los delitos, una medida muy criticada por asociaciones de jueces.
"Nuestra ley data de 1882, es evidente que tiene algunas insuficiencias para regular el procedimiento judicial y penal actual, en el siglo XXI. Por eso llevamos a cabo este proceso de revisión", justifica el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Esta norma del Ejecutivo regulará por primera vez la intervención y registro de las comunicaciones. En este registro se contempla tanto SMS como correos electrónicos, es decir, comunicación telemática, lógica o virtual, siempre que exista autorización judicial.
Los jueces también podrán autorizar un control remoto de ordenadores o cualquier dispositivo electrónico para analizar a distancia y sin conocimiento del titular los contenidos del mismo.
Esta medida, según el ministro, se utilizará siempre que sea "idónea y proporcionada". "Establecer un marco normativo para la investigación tecnológica era otra de las grandes carencias de la ley anterior", señaló Catalá.
Otro de los aspectos contemplados en la reforma será la incomunicación absoluta del detenido. Se prohibirá en determinados casos la comunicación de los detenidos con terceras personas, en las que se incluirá el propio abogado. Esta situación sólo se producirá con autorización judicial y durante 24 horas.
"Nosotros creemos que es positivo que exista una regulación sobre la materia, pero al mismo tiempo vemos con preocupación que puedan vulnerarse garantías básicas de cualquier imputado, tanto en el caso de la detención, con la incomunicación, como en supuestos referentes a la intervención de las comunicaciones", señala a Sputnik Nóvosti Joaquim Bosch, un portavoz de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones de jueces y magistrados más importantes de España.
"Creemos que las regulaciones sobre el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones o a la libertad deben hacerse con mucha cautela. Nuestra primera impresión es que se pueden estar rebasando algunos límites que creemos que son infranqueables, pero queremos valorarlo con más detenimiento dado que el texto del anteproyecto ha salido hoy a la luz", explica Bosch a Sputnik Nóvosti.
Limitación del tiempo de instrucción
Otra de las reformas polémicas ha sido la reducción de tiempo para la instrucción penal. El Ministro aseguró que de esta forma se evitarían "sumarios interminables", en los que hay cientos de imputados que dilatan la instrucción. Con la reforma se limita la instrucción penal a seis meses, prorrogables a 18, o se obliga a los jueces a dividir los procedimientos y llevar el caso por partes a juicio.
"Queremos mejorar la agilidad y eficacia del sistema procesal penal. Estamos asistiendo a la idea de que una justicia tardía es de menor calidad", señaló el ministro Catalá en rueda de prensa.
Esta reforma se aprueba rodeada de polémica. Jueces para la Democracia explica a Sputnik Nóvosti que la solución no pasa por acotar los tiempos, sino por aumentar los medios y el personal.
"Hace falta que la justicia ofrezca una respuesta más rápida pero nosotros defendemos que las razones de la lentitud de la justicia en España se centran en la falta de medios y de personal. Estamos a la cola en jueces por habitante y en gasto de justicia por habitante en el ámbito europeo", explica Bosch.
El Gobierno, en opinión de la portavoz de Jueces para la Democracia, "es incapaz de solventar esta lentitud por lo que, de manera precipitada, impone por ley que los procedimientos tengan que cerrarse en un plazo de seis meses prorrogables a 18; plantear esta medida es mera propaganda porque no va a permitir resolver los procedimientos y se van realizar malos cierres".
Bosch recuerda que si esta norma de plazo máximo se aplicase a casos de corrupción como el de Urdangarín, el caso Gürtel, que afecta al PP, o al de los ERE, que afecta al PSOE, "no se sabría prácticamente nada de estos procedimientos". "No habrían salido a la luz los detalles más importantes de estos casos de corrupción ni habría tantos imputados".
Por este motivo, Jueces para la Democracia se ha dirigido al ministro para decirle que "esta no es lo solución".
"Creemos que es un golpe de efecto después de conocer los elevados índices de preocupación en España por la corrupción. Se pretende dar la imagen de que están haciendo algo contra la corrupción cuando no es así. Con los procedimientos que tenemos no se podrán terminar los casos en esas fechas", señala.
La necesidad de un pacto de Estado
"Nosotros hemos pedido al ministro que se creen plazas judiciales, que se dote de peritos especializados y de policía judicial. Queremos que se mejoren todos los instrumentos porque no puede ser que en España los corruptos tengan más medios para eludir la acción de la justicia que los que tenemos en los juzgados para perseguir esos delitos. Hace falta un pacto de Estado de todos los partidos para aprobar medidas realistas en materia de justicia", señaló Bosch.
Sin embargo, el ministro parece hacer caso omiso de las recomendaciones de los jueces. "Nos ha dicho que no creará más plazas judiciales ni va aumentar la administración de Justicia, con esta norma tendremos muchas dificultades para cerrar los casos", destacó el portavoz.
Este anteproyecto, aprobado hoy por el Gobierno, tardará entre 3 o 4 meses en aprobarse en el Congreso de los diputados, "un tiempo relativamente rápido para lo que es habitual en la aprobación de las leyes", explicó Bosch a Sputnik Nóvosti.
