"Es una buena noticia que exista un portal de transparencia y que se publiquen datos, pero llega tarde y con muchas carencias", señala a Sputnik Nóvosti Victoria Anderica, de Access Info Europe, una organización de derechos humanos dedicada a promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo.
"A nivel europeo sólo quedaba España, Chipre y Luxemburgo sin ninguna ley de acceso a la información, y eso repercute en la sociedad. Hasta ahora en España no teníamos el derecho a solicitar información pública", afirma Anderica.
"Hay muchas barreras de entrada. Han pasado varias horas desde que abrieron el portal y todavía no he conseguido registrarme porque no tengo DNI electrónico. Este sistema ya ha ocasionado problemas en otras ocasiones, por ejemplo en la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) el pasado mes de enero. Esta medida supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información", señala a Sputnik Nóvosti.
"En comparación con otros países, la ley española es más restrictiva. La información está en formatos que no son reutilizables y hay mucha información que se publica sin hacer mención a la fuente. Estas cuestiones no ocurren en otros países", explica Anderica.
Destaca que algunas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional "denunciaron las dificultades que tenían para acceder a información sobre derechos humanos en España". "Esta tardanza nos ha afectado a todos y creo que ha tenido un impacto negativo en la forma de hacer política en este país".
La activista destaca que la transparencia y el acceso a la información "es un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción", un problema muy presente en España. Sin embargo, no es determinante, como en el caso de México, que tiene "una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo", según Access Info y, sin embargo, continúa habiendo mucha corrupción.
Reconocimiento del derecho al acceso a la información
"En España fue muy importante el reconocimiento del derecho al acceso a la información como un derecho fundamental por parte del Consejo General del Poder Judicial, algo que el Gobierno negaba sistemáticamente", señala Anderica.
"Este reconocimiento se suma a los que hicieron con anterioridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales a los que el Gobierno español decidió ignorar durante mucho tiempo", explica a Sputnik Nóvosti.
