La denuncia acusa al anterior equipo directivo del Ministerio de Industria y de Medio Ambiente de prevaricación medioambiental, según fuentes de la propia Fiscalía.
Según explica hoy el diario El País, la denuncia "es el resultado de la investigación que la Fiscalía de Castellón abrió de oficio el 3 de octubre de 2013, justo una semana después de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenara el cese de la actividad de la plataforma tras haberse detectado más de 200 microseísmos".
Los terremotos, provocados por las inyecciones de gas, se sucedieron los días posteriores "hasta registrarse 512, 15 de ellos percibidos por la población".
El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre indemnizar con 1.350 millones de euros a la constructora ACS, propietaria del almacén submarino, tras suspenderse la actividad por los más de 500 seísmos que llegaron a provocar sus trabajos.
Los temblores, que llegaron a superar los cuatro grados de magnitud, causaron pavor entre los vecinos afectados que se movilizaron para exigir el cierre de Castor.
El proyecto se había aprobado en mayo de 2008 con el objetivo de convertirlo en un depósito estratégico, pensado para almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días.
De esta forma, España podía conservar una reserva de gas en caso de interrupciones de suministro o aumento del consumo.
El Parlamento catalán, por su parte, aprobó el pasado viernes llevar la indemnización aprobada por el Gobierno al Tribunal Constitucional.
Este proyecto permanece hoy en hibernación.
