El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas español y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude quieren conocer la identidad y los movimientos de todos aquellos clientes que han movido en sus cuentas más de tres millones de euros, una petición a la que el Banco Santander se negó, según explica este lunes el diario El Confidencial.
La entidad que dirige Patricia Botín, hija del fallecido banquero Emilio Botín, denunció esta petición del Estado ante el Tribunal Económico Administrativo Central, ante la Audiencia Nacional y finalmente ante el Tribunal Supremo. Todos desestimaron su demanda y dieron la razón al Ministerio de Hacienda.
El alto Tribunal español aseguró en la sentencia que la obligación de aportar información a la Administración Tributaria "viene vinculada al hecho de que tenga trascendencia tributaria".
El Supremo calificó esta "trascendencia tributaria" como "la cualidad de aquellos hechos o actos que puedan ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el art. 31.1 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica".
Sin embargo, los letrados de la mayor entidad bancaria en España defendían que el Estado estaba vulnerando el "principio de proporcionalidad" con esa petición, dado que afectaba a unos 100.000 clientes.
A pesar de las continuas reclamaciones del Santander, el Tribunal deja claro en su sentencia que la petición del El Ministerio de Hacienda español y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude es "obvia e incuestionable", y más cuando "el objetivo era comprobar el cumplimiento de sus obligaciones por los contribuyentes afectados".
