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Confiscan 20 casas a narcotraficantes de Michoacán en México

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Veinte casas pertenecientes a miembros del grupo narcotraficante autodenominado Caballeros Templarios fueron confiscadas en Michoacán, en el centro de México, informó este lunes Martín Godoy, Procurador de ese Estado infestado por mafias del crimen organizado.

Las autoridades anunciaron la intervención de la veintena de propiedades en tres municipios azotados por la violencia — Apatzingán, Múgica y Parácuaro (más de 500 km al oeste de la capital)-, junto con siete caballos, tres vehículos y 250 dosis de metanfetaminas.

Los llamados Caballeros Templarios, ahora muy mermados, formaron el grupo criminal desde principios de 2011, cuando esa pandilla se separó del cártel mayor de la Familia Michoacana, tras una sangrienta vendetta.

Las confiscaciones ocurren mientras el gobierno de México investiga un enfrentamiento ocurridos la semana pasada entre fuerzas federales y civiles armados, con saldo de nueve civiles muertos, cuatro policías heridos y 44 detenidos, tras el desalojo de la alcaldía de Apatizingán, ocupada por inconformes.

Los civiles ocuparon desde el 22 de diciembre del año pasado esa alcaldía para exigir el retiro de las fuerzas federales y ser reconocidas como Fuerzas Rurales de autodefensa, bajo control del gobierno.

El 17 de diciembre, otros once civiles pertenecientes a dos grupos de autodefensas rivales, recién legalizadas en 2014 como Fuerzas Rurales, murieron en un enfrentamiento que dejó cinco y seis muertos en cada bando, desatando las protestas.

Las Fuerzas Rurales fueron creadas en Michoacán a principios de 2014 por el comisionado federal para incorporar formalmente a grupos civiles que se armaron como "autodefensas" para resistir y defenderse de los grupos de narcotraficantes.

Esa medida del gobierno de Peña ha sido criticada por la oposición que la considera peligrosa por la falta de preparación de las autodefensas, por las rivalidades y la posible infiltración del crimen organizado.

Casi dos mil personas han muerto en forma violenta Michoacán desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña, de un total de 30.000 en todo el país desde diciembre de 2012, y más de 100.000 desde 2007 en todo México.

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