Según la Agencia Tributaria, el partido conservador pagó de su contabilidad B hasta 1,7 millones de euros por una remodelación que se realizó entre 2006 y 2008.
Hacienda estima que los socios de Unifica, la empresa que realizó los trabajos de la sede situada en el centro de Madrid, cometieron tres delitos fiscales, "en los que habrían participado como cooperadores necesarios" el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su subordinado y gerente del PP, Cristóbal Páez.
El Partido Popular se sentará en el banquillo de los acusados, ya que cuando que se cometió la infracción el Código Penal español no contemplaba la posibilidad de acusar a un partido político, algo que ahora ha cambiado tras los numerosos escándalos de corrupción política que han surgido estos últimos años.
La Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, se personará como acusación particular en nombre de Hacienda.
El informe de la Agencia Tributaria es hasta ahora el resultado penal más palpable de la larga investigación sobre los denominados papeles de Bárcenas, el extesorero del PP que reveló la existencia de una caja B, resultado del pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas y que servía también para abonar sobresueldos a altos cargos del partido conservador.
Bárcenas salió de la cárcel el pasado 22 de enero tras pasar más de año y medio en prisión preventiva.
Por su parte, el Partido Popular alega que siempre ha colaborado con la Justicia y que todos los imputados en este caso de corrupción ya no militan en su formación. La directiva del PP acusa a Bárcenas de haber creado este entramado ilegal para lucrarse personalmente.