La nueva norma “contará con una terminología más precisa que permitirá hacer más viable la acreditación y sanción de los actos de cohecho y corrupción”, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Angélica de la Peña.
La reforma aprobada modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal para la Protección a Personas, y la Cámara Alta remitió al presidente Enrique Peña el documento para culminar el proceso constitucional.
La iniciativa está en sintonía con la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, con la adaptación de medidas apropiadas para proteger de manera eficaz a las personas que presenten testimonios sobre estos delitos, dijo la senadora de centroizquierda.
Entre las reglas consideradas por México están los principales instrumentos de combate a la corrupción a nivel mundial, como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización, de la OEA, y la que combate el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El nuevo código castigará a quienes al participar en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé a un servidor público extranjero dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios, en su beneficio o el de un tercero.
La reforma busca combatir las conductas de cohecho, cohecho internacional, y perseguir eficientemente sus posibles efectos.
Leyes anticorrupción se perfilan como la nueva generación de reformas en México luego de las sospechas de conflictos de intereses y tráfico de influencias, surgidas de investigaciones periodísticas que revelan que el Presidente, su esposa y el ministro de finanzas compraron casas a un gran contratista del gobierno.
