El tribunal estima que dos de los artículos de la ordenanza atentan contra la libertad religiosa.
La zona del Baix Camp (Bajo Campo), de la que es capital Reus, es una de las comarcas con más inmigración de Cataluña.
Las organizaciones musulmanas consideraban este reglamento "abusivo". Sin embargo, el Ayuntamiento de Reus ya adelantó que recurrirá la sentencia.
Esta normativa, impulsada por los conservadores, fue una de las pioneras en toda España, aprobada sólo por detrás del Ayuntamiento de Lleida.
Para sacar adelante esta normativa que no permite el uso del burka y niqab en calles o transporte público alegaron "seguridad ciudadana" y "convivencia".
Ante la polémica desatada en todo el país, por las duras críticas de la oposición, el Consistorio eliminó de la normativa las palabras "burka" y "niqab", señalando que estaría prohibido "cualquier tipo y forma o accesorios que impidan o dificulten la identificación".
Los partidos de la oposición señalaron que esta normativa podría tener graves consecuencias para las mujeres al "tener dificultades para acceder a los servicios municipales o a la formación".