"Lejos de aceptar las recomendaciones de los expertos internacionales (la Procuraduría de México) se cierra al escrutinio público, además de que descalifica la opinión experta del Equipo", indica un comunicado de los padres de familia y sus abogados.
Felipe de la Cruz, representante de los familiares de los jóvenes desaparecidos demandó "protección y seguridad" para el equipo argentino de forenses "porque sabemos que cuando al gobierno las cosas no les salen como quiere toma represalias, tememos por el equipo argentino".
"Tenemos la certeza de que nuestros hijos están vivos, y exigimos al gobierno que nos los entregue vivos", dijo el padre de familia.
Las familias exigen "respeto" para los forenses del EAAF, porque "en sus años de trayectoria siempre han actuado con rigor científico".
Las sospechas y dudas del EAAF "confirma científicamente que no ha sido establecida la verdad histórica", como pretende la PGR.
La conclusión federal "no puede considerarse incontrovertible, y la demanda de justicia y verdad sigue vigente", indica un pronunciamiento de las familias.
Los familiares denuncian que "siguen prófugos decenas de implicados; no se ha investigado la protección del Ejército a (los narcos) Guerreros Unidos", confabulados con la policía y el alcalde de Iguala (200 km al sur), donde ocurrieron los ataques.
Además "no hay un solo juicio por desaparición forzada; no se ha investigado la corrupción política de Guerrero; hay denuncias de torturas contra los detenidos y hay versiones contradictorias en el expediente".
Ante las dudas de los forenses argentinos la PGR respondió que "no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar (basurero de Cocula) fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas".
