Las autoridades de Australia han solicitado varias veces al gobierno indonesio que no aplique el castigo máximo legal contra los ciudadanos australianos Myuran Sukumaran y Andrew Chan, quienes fueron detenidos en Bali en 2005 tras intentar transportar 8 kilos de heroína.
Prasetyo añadió que el gobierno está dispuesto a postergar el transporte de los reclusos al lugar de ejecución. "Tomamos en cuenta las peticiones del Gobierno de Australia y familiares de los reclusos y decidimos dar más tiempo para que las familias lo pasen con los condenados a muerte. Esto no representa un indulto", dijo el fiscal citado por el periódico australiano Sydney Morning Herald.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró a principios de este mes que los dos australianos, cuyas peticiones de clemencia fueron rechazadas por el presidente de Indonesia, serían ejecutados en febrero de 2015. La ministro de Exteriores de Australia, Julia Bishop amenazó con llamar su embajador en Indonesia y boicotear la industria de turismo del archipiélago.
La pena de muerte de reinstauró la pena de muerte en 2013, tras haberla suspendido por cuatro años. Tan solo en enero, seis narcotraficantes y mulas fueron ejecutados, procedentes de países como Brasil, Vietnam, Malawi, Países Bajos y Nigeria, tras lo cual los gobiernos de algunos de estos países cortaron relaciones diplomáticas.
En Indonesia hay una legislación antidrogas muy estricta. En mayo de 2010 el juez de la capital de Bali, Denpasar, condenó a cinco meses de cárcel a un australiano por portar 1,7 gramos de marihuana. Quienes porten candidades mayores se arriesgan a décadas de reclusión o incluso la pena de muerte.
Actualmente hay 133 condenados a muerte que esperan su ejecución, 57 de los cuales son por crímenes relacionados con el narcotráfico.
