Una docena de organizaciones defensoras de los DDHH señalaron que las recomendaciones sobre desaparecidos en el marco de una guerra contra el crimen —que suman 23.000 en ocho años, según el Gobierno—, surgen de "un ejercicio objetivo, profundo, transparente".
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, en inglés) hizo recomendaciones a México para la investigación, búsqueda, reparación, registros, legislación adecuada, y protección de quienes denuncian las desapariciones.
El Gobierno mexicano respondió por escrito que "las recomendaciones emitidas por el Comité de la ONU no reflejan adecuadamente la información presentada por México, ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados".
El Gobierno de Peña defendió sus esfuerzos para "asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención" de la ONU sobre el tema, de la cual el país latinoamericano es firmante.
El pronunciamiento de México "es un claro mensaje para diversas autoridades que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido", dificultando la "búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas", deploraron.
Las ONG pidieron al Gobierno cumplir las recomendaciones, garantizar la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y justicia en los asesinatos y desaparición de familiares.
