“La principal preocupación de Amnistía Internacional en esta materia es la definición de terrorismo. Es muy ambigua. Nos preocupa que dentro de estos delitos se pueda considerar como delito de terrorismo la piratería informática, entre muchos otros”, señala María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
“Creemos que estas definiciones tan amplias no ayudan a la persecución de terrorismo”, añade.
Amnistía Internacional hizo público este miércoles un informe sobre la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2014.
España no sale muy bien parada de esta valoración, con duras críticas a la reforma del Código Penal que contempla la nueva legislación antiterrorista.
“Hay una obsesiva atención centrada en la lucha contra el terrorismo global. Es una amenaza real, pero no perdamos de vista que es un escenario en el que de manera obsesiva se está generando un clima de temor que facilita el recorte de derechos”, señaló en rueda de prensa Jesús Núñez, codirector del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
Desde 2000 hasta 2013 solo un 5% de los atentados se han producido en países occidentales, según el codirector del IECAH.
“No somos el principal objetivo del yihadismo terrorista. Si no adoptamos otro tipo de medidas nos estamos condenando a seguir sufriéndolo y a perder nuestros derechos”, aseguró Núñez.
La responsable de Amnistía Internacional en política interior estimó que “la amplitud de la definición de terrorismo castiga comportamientos que no tienen naturaleza terrorista y que pueden afectar a la libertad de expresión o de información”.
Además de la ambigüedad, destacó que hay otros puntos que carecen de sentido, como considerar delito terrorista los actos imprudentes, los que se comenten por negligencia, dado que el terrorismo “exige intencionalidad” y por lo tanto deberían castigarse sólo los delitos dolosos.
Otro de los puntos más polémicos de las medidas antiterroristas españolas es la llamada pena de prisión permanente revisable.
Esta medida ha sido catalogada por muchos como una cadena perpetua, porque no se aclara hasta que punto será revisable.
“No tiene una definición exacta”, señala Serrano a Sputnik. “Nos oponemos firmemente a la cadena perpetua porque es inhumana y degradante, por eso es muy importante conocer con detalle la posibilidad de revisión, en qué medida será efectiva”, señala.
Amnistía Internacional critica que se introduzca esta pena en el ordenamiento jurídico de España sin analizar su función en otros países.
“Mientras en otros países ponen la revisión de la pena en un plazo de 18 años después de la condena, en España esta revisión no va a suceder hasta los 25 ó 35 años después en casos de terrorismo”, alerta la responsable de la organización en España.
