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El Gobierno del PP, responsable de su propia medicina en Venezuela

© Flickr / Shih-Pei Chang / Acceder al contenido multimediaPartido Popular de España
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La tensión diplomática entre Madrid y Caracas que ha estado en aumento desde 2002 pone en peligro las empresas españolas asentadas en Venezuela.

El Gobierno del PP ha conseguido estropear las relaciones con Venezuela hasta el punto de llegar a ser denunciado como uno de los principales “socios" del "complot” orquestado contra el presidente Nicolás Maduro. Es decir, que tiene una importante cuota de responsabilidad por los riesgos que ahora corren las empresas españolas asentadas en Caracas y otros territorios venezolanos.

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La tensión diplomática bilateral no ha sido cuestión de un súbito acaloramiento. Se ha ido fraguando poco a poco, a fuego lento. El episodio inicial se remonta a abril de 2002 cuando Hugo Chávez es víctima de un golpe de Estado perpetrado por elementos opositores militares y civiles que consiguen detener al comandante bolivariano y colocar a un presidente "interino", el líder de la patronal Pedro Carmona, tras tres días de huelga general. De ahí que la asonada fallida haya pasado a la Historia como el "Carmonazo".

El golpe fue apoyado inicialmente por algunas cancillerías extranjeras, entre ellas la de España, donde gobernaba el PP de José María Aznar. Ha quedado fehacientemente documentado que el entonces embajador español en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, "recibió instrucciones, y que el efecto de dichas instrucciones ayudaba a legitimar el golpe de Estado de la junta cívico-militar, dándole cobertura internacional".

Quien más tarde corroboró estos hechos fue nada menos que el propio ministro español de Asuntos Exteriores, el socialista Miguel Ángel Moratinos. Corría ya el año 2004 y el PP había abandonado La Moncloa tras la victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Moratinos no fue lo suficientemente discreto, cualidad indispensable para ser un buen diplomático, pero no es ésa la historia que ahora nos ocupa.

Es incontestable que el Gobierno de Aznar adoptó el discurso de los amotinados y llegó a calificar ante la Unión Europea de "Gobierno provisional" a la autoridad ilegítima creada por Carmona, evitando en todo momento condenar su actuación. De hecho, a Viturro se le ordenó desde Madrid, según los telegramas hechos públicos, que se entrevistara con Carmona, incluso cuando ya se sabía que Chávez estaba retenido en contra de su voluntad en una prisión militar y no había renunciado como previamente se había informado. 

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No obstante, el expresidente Aznar presumió en sus memorias que si él hubiera apoyado la acción contra el líder bolivariano, lo habría derrocado.

El comportamiento del Ejecutivo español creó una herida irreparable. Desde entonces Chávez arremetió contra Aznar sin cuartel, convirtiéndole en uno de sus enemigos más enconados, sólo superado por el entonces inquilino de la Casa Blanca George Bush.

La inquina era tan insoslayable que dio pie al conocido incidente de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile en noviembre de 2007. Zapatero estaba defendiendo ante otros líderes la legitimidad de Aznar "elegido por los españoles", exigía que Aznar fuera respetado. Chávez replicó que "podrá ser español el presidente Aznar pero es un fascista y es una falta de respeto". El diálogo era tan tenso que hasta entró en escena, súbitamente y malhumorado, el Rey Don Juan Carlos que le espetó a Chávez el ya famoso "¿Por qué no te callas?". Habían pasado cinco años desde el golpe. La herida todavía supuraba.

Después de la muerte de Chávez en abril de 2013 y la asunción de Nicolás Maduro, la situación no mejoró. Las crisis se hicieron cíclicas. Cada vez peores.

A Maduro le sentó como una patada en la espinilla que Mariano Rajoy atendiera en octubre de 2014 a Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado desde febrero de ese año y acusado de incitar las protestas que hasta junio azotaron las calles de diversas ciudades del país y que se saldaron con 43 muertes y más de 3.000 detenidos.

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Rajoy la recibió en su despacho en la calle Génova, 13, en Madrid, en calidad de presidente del PP, y no en La Moncloa como jefe del Ejecutivo. La que dio cuenta del encuentro fue la oficina de prensa del PP, que informó de que Rajoy había "reiterado la preocupación de la Unión Europea por el juicio de Leopoldo López, así como la necesidad de respetar la libertad de expresión y el derecho a manifestarse”. Maduro reaccionó furioso y en un comunicado el Ministerio de Exteriores calificaba de "injerencista, irresponsable e irrespetuosa" la actitud del presidente del Gobierno. "Con mi patria no te metas, Rajoy", advirtió Maduro.

En abril de 2013 los vínculos entre Caracas y Madrid ya había estado en entredicho cuando el actual ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, dio a entender que ponía en duda el resultado oficial de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Maduro. La crisis se agudizó después de que el mismo ministro ofreciera los buenos oficios de España para ejercer como mediador con la oposición que había impugnado los resultados.

La entrevista de Rajoy con Tintori provocó finalmente que Caracas llamara a consultas a su embajador en Madrid —paso previo a la ruptura diplomática-, en el marco de una "revisión integral" de las ya heridas relaciones bilaterales. Hasta ahora no ha regresado.

En este contexto de desconfianza crónica es donde se mueven las 110 empresas españolas que tienen intereses  y capitales en Venezuela.

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Y ahora Rajoy teme que haya expropiaciones. Le asusta padecer las secuelas de su propia medicina. Está alarmado después de que Maduro declarara recientemente que España forma parte de un grupo que conspira contra su poder. "Desde Madrid, la derecha; de Bogotá, la ultraderecha; de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria, y todos los días sacan barbaridades de Venezuela", dijo. Según un informe oficial filtrado al periódico español El Mundo, sociedades como  Telefónica, Repsol, BBVA y Mapfre acumulan en ese país caribeño un riesgo valorado en 9.000 millones de euros, por lo que los efectos económicos de una represalia serían muy severos. Sólo la petrolera Repsol cuenta allí con siete infraestructuras de extracción y producción, y unos activos cifrados en 2.500 millones de euros.

Lo cierto es que el Gobierno del PP no ha estado a la altura de las circunstancias y debería haber hecho gala de más moderación en sus actos y declaraciones para no poner en peligro las inversiones empresariales españolas. En vez de apaciguar las aguas ha echado gasolina al incendio. Lo ideal sería que hubiera buscado puentes de entendimiento basados en las largas relaciones culturales y  económicas. El objetivo no sería otro sino calmar los ánimos violentos de una sociedad absolutamente polarizada que se dirige con paso firme hacia un escenario muy inquietante para los propios venezolanos y con consecuencias insospechadas para toda Latinoamérica.

Hablar ahora de temor suena, cuando menos, lamentable y ridículo.

 

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

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