Los tres jóvenes han quedado en libertad sin medidas cautelares, tras asegurar que viajaron a Donetsk y Lugansk para prestar "ayuda humanitaria" y para defender "todo lo que estaba ocurriendo en la zona".
A los voluntarios españoles se les acusa de participar en delitos de asesinato, tenencia de armas y explosivos y actos que atentan contra los intereses y la neutralidad del Reino España en el exterior, según informó el Ministerio de Interior.
Sin embargo, ellos aseguraron que no pueden ser acusados por un delito contra la neutralidad del Estado porque son "republicanos" y no creen "en España", entre otras cosas, según aseguró a Sputnik Nóvosti Erlantz Ibarrondo, abogado de Héctor Arroyo, uno de los detenidos el pasado 27 de febrero.
"Les han preguntado si participaron en alguna acción de combate, a lo que han contestado que no; les preguntó si recibieron entrenamiento, y han respondido que el único entrenamiento ha sido para evacuación de heridos y para situaciones en las que la población hubiese sufrido algún daño", detalló.
En cuanto a las acusaciones de tenencias de armas y colaboración en delitos de asesinato, los jóvenes aseguraron que durante su estancia en Donbás no tuvieron contacto directo con ningún armamento.
"Su principal labor fue propagandística y humanitaria, esa era su preparación. No tuvieron ninguna función militar", añadió el abogado.
Ibarrondo valoró de forma positiva la causa judicial en la que están inmersos los detenidos y opinó que se acabará archivando.
"No hay absolutamente nada jurídicamente relevante. Yo entiendo que deberá archivarse", dijo.
Según el letrado, la declaración no ha durado más de diez minutos por cada uno de los acusados, que respondieron a todas las preguntas.
Los detenidos se desplazaron a Ucrania durante el año 2014 y regresaron recientemente a España, según la información oficial.
En concreto, Arroyo confesó a esta agencia que estuvo en Lugansk desde octubre a diciembre de 2014, donde coincidió con otros ocho españoles.
Este jueves sólo declararon los tres detenidos residentes en Madrid, otros dos declararán el 8 de abril por voluntad propia y los otros tres, de diferentes poblaciones de España, declararán por exhorto en juzgados próximos a sus domicilios en días posteriores.