El resto de los partidos de la oposición, socialistas e izquierda radical, criticaron durante el debate el "estado policial "y el "despotismo" que supone la nueva normativa.
Con esta reforma del Código Penal, España instaura la prisión permanente revisable, que en la practica, como denuncian las organizaciones de derechos humanos, representa la reinstauración de la cadena perpetua.
En el debate, el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor criticó el recorte de derechos que incluye la ley por participar en las manifestaciones con el objetivo de "sentirse ciudadanos".
Y agregó que "no se corresponde con las necesidades de la ciudadanía ya que son escasos los españoles que sienten que existen problemas de seguridad".
Más crítico fue el parlamentario de Izquierda Unida Ricardo Sixto que comparó esta norma con las de la época franquista, debido a que incluye la ejecución de sanciones administrativas por conductas que no son delito.
También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se quejó de la "innecesaria represión" incluida en la nueva ley, que tachó de "perversa".
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, agradeció que "a pesar de la discrepancia, haya llegado este día".
"Cuando entre en vigor esta ley se verá que queda garantizada la libertad", puntualizó.
La socialista Rosa Aguilar llegó a decir que con la reforma "la derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia" de 1995, que contó con gran consenso dentro y fuera del Parlamento, que enterró la legislación penal del franquismo, introduciendo parámetros modernos sobre la función de la pena.
También las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la nueva normativa limita derechos fundamentales, como es el de manifestación y de reunión, y representa un ataque contra las libertades individuales.
"El PP y el ministro de Interior se han mostrado sordos ante el unánime rechazo social y político por las graves repercusiones sobre algunos derechos fundamentales que tendrán la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal", señaló hoy Greenpeace en un comunicado.
La organización ecologista alertó de que la presunción de inocencia "ha muerto" y el "principio de veracidad" de las fuerzas del orden público traerán un nuevo contexto de consecuencias desconocidas.
Otras organizaciones como Amnistía Internacional o expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) también avisaron de las terribles consecuencias de esta ley.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", aseguraron en un comunicado los relatores especiales de la ONU Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, François Crépeau y Michel Forst.
Amnistía Internacional también denunció recientemente en declaraciones a Sputnik Nóvosti que la Ley de Seguridad Ciudadana "no protege el derecho a la protesta, sino que castiga la disconformidad".
Los periodistas también tendrán mayores dificultades para grabar los abusos por parte de la policía, especialmente en reuniones y manifestaciones, denunció la ONG.
"Se enfrentan a una labor arriesgada y muchas veces incluso les confiscan el material, con esta ley, la policía estará mucho más amparada para hacer esto y el periodista estará totalmente desprotegido, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre van a contar con la presunción de veracidad", aseguró María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional para la política interior, en declaraciones a esta agencia.
