"Recibimos un ultimátum, o aceptamos su oferta o nos tiran a la calle por la fuerza", aseguró a Sputnik Nóvosti Elaine Araujo, vecina de Vila Autódromo de 34 años, quien reside desde hace 20 años en la comunidad junto a sus dos hermanas, su madre de 70 años y sus dos hijos.
El pasado 19 de marzo, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, presentó un decreto por el cual se transforma el terreno de Vila Autódromo, situada sobre el antiguo circuito de Jacarepaguá donde se ubicará el Parque Olímpico de Río 2016, como Área de Utilidad Pública y, por tanto, susceptible de ser expropiado.
"Nos cortan la luz y el agua varias veces por semana para presionar", indicó la vecina quien hace meses recibió una oferta de 150.000 reales (unos 46.000 dólares) por dejar atrás la vivienda que tardó ocho años en construir con ayuda de sus familiares.
Una nimiedad en comparación con el proyecto "Ilha Pura" (Isla Pura), que prepara el ayuntamiento en el terreno de Vila Autódromo, en el que construirá un complejo de 3.600 apartamentos de lujo a un precio de 2,3 millones de reales brasileños por unidad (unos 700.000 dólares), además de un lujoso hotel de cinco estrellas.
Este complejo, al igual que la mayor parte de las obras de Río 2016, será construido por las constructoras Odebrecht, Camargo Correo y OAS, todas ellas incluidas en el escándalo de corrupción de Petrobras y con varios de sus directivos investigados e incluso detenidos en la "Operación Lava Jato" de la Policía Federal.
Un proyecto polémico que fue denunciado el pasado 25 de marzo por el Instituto de Arquitectos de Brasil en Río de Janeiro (IAB-RJ), a través de una nota de rechazo al proyecto y en la que se defendió la urbanización sustentable de Vila Autódromo recogida en el "Plano Popular" presentado por sus habitantes en 2013 y premiado internacionalmente con el galardón "Urban Age Award" del Deutsche Bank y la London School of Economics.
A diferencia de la familia Araujo, al menos 204 familias, de las más de 580 que llegó a albergar Vila Autódromo, habrían aceptado ser reubicadas en las viviendas sociales que el ayuntamiento posee en la región de Parque Carioca, localizada en la Estrada de Bandeirantes y pertenecientes al programa federal "Minha Vida Minha Casa".
Sin embargo, son muchos los testimonios en Vila Autódromo que denuncian que las familias que allí se habrían asentado han resultado ser víctimas de las llamadas milicias o grupos parapoliciales, con fuertes vínculos políticos a nivel local, que les exigen el pago de una mensualidad fija a cambio de protección.
"Tengo miedo de salir de mi casa y acabar en unos apartamentos controlados por la milicia", afirmó uno de los miembros de la familia Araujo quien teme represalias por comentar la difícil situación de algunos de sus antiguos vecinos en el Parque Carioca.
Además, existe una enorme desconfianza debido el trato diferenciado que el Ayuntamiento de Río de Janeiro habría dispensado a algunos vecinos de clase media de la comunidad, como un antiguo coronel retirado, al cual, según informaciones del diario "O Dia" se le habría llegado a indemnizar con 2,3 millones de reales (706.438 dólares) cuando el Sindicato de Habitación de Río de Janeiro habría tasado el precio del metro cuadrado en unos 8.000 reales (2.437 dólares).
Desanimado por la situación, el presidente de la Asociación de Vecinos de Vila Autódromo, Altair Guimaraes, quien en su día ganó gran atención mediática por su resistencia ante la destrucción de su comunidad, reconoció: "Yo ya no llamaría a los nuestro una lucha, todo el mundo se está yendo".