Estas devoluciones consisten en que, a pesar de que el inmigrante ya ha pisado suelo español, son devueltos a las autoridades marroquíes sin darles la oportunidad de pedir asilo o exponer las circunstancias que les han llevado a saltar la valla de Ceuta o Melilla, las dos ciudades españolas en el norte de África.
Esta normativa de "rechazo en frontera" impulsada por el Ejecutivo español, entrará en vigor este miércoles, tal y como consta en el BOE.
"Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España", asegura la reforma.
Sin embargo, matiza que se respetará "la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional".
"Son expulsiones sumarias y colectivas que están prohibidas por el derecho internacional porque vulneran el derecho de asilo", aseguró María Serrano, responsable y portavoz de Amnistía Internacional en política interior, en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Las consecuencias, alerta Serrano, pueden ser muy graves, ya que "estas personas son devueltas a países donde pueden correr peligro dado que no se analiza su situación personal".
"Las autoridades españolas no han escuchado los llamamientos de Europa y de cientos de organizaciones que piden detener esta vulneración de derechos humanos", reiteró la portavoz de Amnistía.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el primer trimestre de 2015 se recogieron más de un millar de peticiones de asilo en el puesto de la ciudad autónoma de Melilla, que se suman a las 110 recogidas en Ceuta en los dos primeros meses del año.
En la mayoría de los casos se trata de ciudadanos sirios que huyen de la guerra.