Según el auto del magistrado, los hechos se produjeron entre 1975 y 1992 y en algunos casos también hubo detenciones ilegales, torturas o desapariciones forzadas.
Ruz tiene declaraciones de 19 víctimas directas que, según el auto, permiten "corroborar la indiciaria veracidad", además de documentos, fotografías o la fosa común encontrada en 2013 en la zona de Amgala, en el Sáhara Occidental.
El magistrado, en un auto de 40 páginas, considera un "hecho" que en esos años se produjo "un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes".
En su escrito, describe cerca de 50 casos de asesinatos y otros 202 de detención ilegal por parte de la Gendarmería y el Ejército marroquí.
Los ciudadanos saharauis tenían Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte expedido por España.
En su resolución, el juez habla de "bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas todas ellas de origen saharaui", independientemente de si las víctimas fueran del Frente Polisario o no.
El magistrado recuerda también que "se produjeron encarcelamientos prolongados sin juicio, algunos durante muchos años", y "torturas a personas saharauis por parte de funcionarios militares y policiales marroquíes en diversos centros oficiales de detención ubicados tanto en territorio del Sáhara Occidental como en Marruecos".
Ruz afirma que estos hechos fueron "impulsados" por altos mandos militares marroquíes.
El objetivo era "destruir total o parcialmente dicho grupo de población y para apoderarse del territorio del Sáhara Occidental".
