Ese año, en plena guerra civil de El Salvador, miembros del batallón Atlacalt asesinaron al jesuita Ignacio Ellacuría, ideólogo de la Teoría de la Liberación, a su empleada y a su hija, y a otros cinco sacerdotes.
Las imágenes de los cadáveres dieron entonces la vuelta al mundo.
Según publica hoy el diario El Mundo, la decisión del Departamento de Estado de EEUU, confirmada por un comunicado emitido el pasado 7 de abril, acaba con 25 años de impunidad.
Almudena Bernabéu y Manuel Ollé, abogados de la querella interpuesta en 2008 ante la Audiencia Nacional y miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), afirman al diario que la entrega del coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano será rápida.
Ollé considera que el paso más difícil ya está dado, es decir, que "el Departamento de Justicia se haya convencido de la extradición".
El letrado estima que en "julio o agosto el tribunal de Carolina se podría pronunciar sobre su decisión y en septiembre u octubre ya podría estar en España".
En el año 2011, Montano fue localizado en EEUU, detenido e imputado por fraude migratorio.
El documento de EEUU menciona también "la existencia de otros 19 exoficiales del ejército salvadoreño sobre los que la Audiencia Nacional tiene indicios de haber participado en los asesinatos de cinco sacerdotes jesuitas españoles durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992)", escribe el diario.
"Todos ellos estarían en la misma situación de Montano en el sentido de que si estuvieran en España ya estarían juzgados, pero como están fuera, salvo que sean entregados por una orden de extradición, contra ellos no se puede dirigir el procedimiento porque El Salvador no accedió a la petición de extradición que se hizo en diciembre de 2011", explica Ollé.
Los exmilitares residen en El Salvador, y sobre ellos sigue vigente la orden de busca y captura internacional de julio de 2011, así que si salieran de sus fronteras, serían arrestados de inmediato.
El país centroamericano aprobó una Ley de Amnistía General de 1993, que todavía se mantiene vigente, y que protege a los implicados en delitos durante el conflicto armado.
Un informe pericial de la profesora de la Universidad de Stanford Terry Karl que presentó al juez Eloy Velasco, en junio de 2014 fue el que delató a Montano como "miembro clave y necesario en el asesinato terrorista de los jesuitas de la UCA y sus empleadas".
Montano "participó activamente en el planteamiento y ejecución de los asesinatos terroristas", "tomó decisiones destinadas a asegurar el éxito del asesinato" y dio "luz verde para que sus subordinados consideraran a los jesuitas objetivos legítimos de la guerra", según la investigación de la profesora Karl, a la que también tuvo acceso El Mundo.
