El 6 de enero de este año, policías federales a bordo de decenas de camionetas irrumpieron en el centro de Apatzingán, en el estado de Michoacán, y "abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte de por lo menos 16 personas y heridas a muchas más", revela la revista semanal Proceso, en circulación.
La versión oficial ofrecida por el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, fue que se trató de un "fuego cruzado", entre grupos de autodefensas comandados por dos líderes rivales, quienes fueron arrestados y después liberados.
El director de Amnistía Internacional dijo a esta agencia que en esos "hechos graves de violencia en los cuales se reporta la participación de agentes del Estado, con violaciones a los DDHH, como puede ser este caso, exigimos una investigación imparcial, pronta, exhaustiva y expedita, que tome en cuenta los nuevos elementos y deslinde las responsabilidades".
Los nuevos documentos de la investigación fueron obtenidos por la periodista Laura Castellanos, para reconstruir esa masacre a partir de testimonios grabados de 39 sobrevivientes, pobladores, familiares de víctimas y personal médico, con fotografías y videos.
"Antes que estar de acuerdo o no con los resultados de la investigación periodística (de Proceso), exigimos que los mecanismos de procuración e impartición de justicia cumplan su tarea", dijo vía telefónica el principal responsable del organismo defensor de los DDHH fundado en Londres en los años 60.
El Gobierno del presidente Enrique Peña, "tiene la responsabilidad de cumplir con esa tarea de investigación, respetando los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia, que acrediten cuál ha sido el rol de las fuerzas federales en esa tragedia", dijo el abogado humanitario Perceo Quiroz.
"¡Mátenlos como perros!", gritaron los policías federales –comienza el relato de la investigación- al atacar a tiros a un centenar de miembros y simpatizantes de la Fuerza Rural de autodefensas que estaban en plantón en los portales del Palacio Municipal de Apatzingán la madrugada del 6 de enero recién pasado.
"Ninguno de los manifestantes tenía armas largas. Seis de ellos portaban pistolas registradas y las pusieron en el piso. Los demás cargaban palos. Ninguno disparó", indica la investigación periodística.
Amnistía Internacional considera que "este trabajo periodístico de investigación ofrece nuevos datos, por eso pedimos que se incorporen a las investigaciones de las autoridades responsables de la procuración de justicia", puntualizó.
La orden de ataque la habría dado el líder de un grupo conocido como G-250, creado por el excomisionado Federal de Seguridad en Michoacán, quien ayudó a las fuerzas federales a perseguir en la sierra a Servando Gómez, La Tuta, líder del cartel del crimen organizado autodenominado Caballeros Templarios.
Sin embargo, Proceso afirma que el jefe de ese grupo, Nicolás Sierra, alias El Gordo Coruco, "es uno de los siete hermanos conocidos como Los Viagra, temidos y odiados en la región, acusados de ser exTemplarios y de cometer diversos atropellos. (El Comisionado) Castillo tuvo a cinco de ellos a su servicio en Michoacán".
Las autodefensas rurales, campesinos dedicados a la cosecha del limón en la zona, protestaban porque 20 días antes el Comisionado Castillo había disuelto al G-250 sin pagarles.
Testimonios de 39 personas, grabados en audio, revelan que policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos hechos distintos ocurridos en Apatzingán el pasado 6 de enero.
El primero, a las 2:30 horas en el jardín central y los portales del Palacio Municipal; el segundo a las 7:45, cuando un comando de la Policía Federal disparó con ametralladoras M-60 contra una docena de vehículos que transportaban a guardias rurales y a sus familiares.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó el fin de semana en un comunicado que investiga recibió un video anónimo con "presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal en Apatzingán, Michoacán".
Las Fuerzas Rurales fueron creadas en Michoacán a principios de 2014 por el Comisionado Federal con el fin de incorporar formalmente a grupos civiles que se armaron como "autodefensas" para resistir y defenderse de los grupos de narcotraficantes.
Casi dos mil personas han muerto en forma violenta Michoacán desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña, de un total de 30.000 en todo el país desde diciembre de 2012, y más de 100.000 desde 2007 en todo.
