Según un comunicado hecho público por el Alto Tribunal, "ambos procedimientos habían sido archivados por la Audiencia Nacional en junio de 2014 al estimarse que no cumplían los requisitos establecidos en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción universal de los tribunales españoles".
La primera de las causas fue abierta para investigar los supuestos delitos de genocidio, torturas y de lesa humanidad que se habrían producido en el Tíbet.
La segunda instruía una querella interpuesta en 2004 por miembros del grupo Falun Gong, que aseguraban sufrir persecución por parte de las autoridades chinas desde 1999.
Con esta decisión, desaparecen los temores de una escalada de la tensión entre España y China, ya que las autoridades de Pekín protestaron ante el Ejecutivo español en su día por esta injerencia. China posee el 20% de la deuda externa española.
Entonces, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy introdujo una reforma que limitó la Justicia Universal, que hasta entonces permitía investigar delitos de lesa humanidad fuera de las fronteras españolas.
En febrero de 2014, Ismael Moreno, magistrado de la Audiencia Nacional, ordenó detener al expresidente chino Jiang Zemin, de 88 años, y al ex primer ministro Li Peng, de 86, entre otros líderes del Partido Comunista Chino (PCCh), por el genocidio en el Tíbet.
En la causa también estaba estuvo imputado el anterior mandatario chino, Hu Jintao.
Esta decisión marcará jurisprudencia y afectará a otros casos, como el del asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría en El Salvador.
