"El objetivo de la audiencia será escuchar los argumentos de la defensa sobre el último recurso de apelación que presentó en diciembre pasado ante la Corte Federal de Malasia", informó la cancillería de México, país que rechaza catergoricamente la aplicación de la pena de muerte en el mundo.
Los hermanos Luis Alfonso (45 años), Simón (37) y José Regino (34) fueron detenidos el 4 de marzo de 2008 en una redada policial en la ciudad malasia de Johor, junto con un ciudadano malayo y otro singapurense.
Pero el proceso penal podría ser inconstitucional, debido a una manipulación de las pruebas materiales mientras éstas se encontraban bajo custodia de la policía malaya, argumenta la defensa apoyada por México.
Los abogados mexicanos denuncian que una tercera parte de las metanfetaminas confiscadas durante la redada desaparecieron mientras la droga era custodiada por las propias autoridades malasia, lo cual debería anular el proceso judicial por violación de los derechos fundamentales de los mexicanos.
En este caso coinciden los argumentos de organismos civiles humanitarios, como Amnistía Internacional, y las razones del gobierno de México, país que combate a capa y espada contra las ejecuciones de mexicanos en EEUU.
Ambos, sociedad civil y gobierno mexicanos, apuntan al daño irreparable a la vida humana que pueden causar los errores fatales en los procedimientos judiciales, originados en los prejuicios raciales, la xenofobia y los malos procedimientos judiciales.
La condena airada contra la pena de muerte es uno de los pocos puntos de encuentro entre las ONG de DDHH y el gobierno de México, enfrentados por denuncias de torturas policiales y ausencia de la figura de desapariciones forzadas en México, que son las cometidas por autoridades como crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben.
Igual que lo hace ahora con el gobierno malasio, México siempre ha condenado en forma enérgica las ejecuciones de mexicanos en EEUU y le exige adoptar acciones efectivas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, como los fallos de la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte, Amnistía Internacional ha lamentado que las ejecuciones no son más que "asesinatos fundados en prejuicios raciales", como califica a la aplicación de la pena máxima contra 10 mexicanos desde que el país vecino reactivó la pena de muerte en 1976.
Perceo Quiroz, director de AI en México, ha emitido una declaración con respecto a las ejecuciones de mexicanos, al afirmar que "en sí misma la pena de muerte es violatoria de los derechos humanos y contraria a la justicia, y cuando es resultado de un proceso injusto y discriminatorio se convierte en un atroz crimen cometido por las mismas autoridades que tienen como obligación proteger la vida".
En el ámbito político, México "ha realizado gestiones ante autoridades malasias de diferentes niveles, tanto en México como en Malasia, a las que se les ha expresado reiteradamente la posición del país contra la pena capital", reclama el gobierno mexicano.
Para la asesoría legal, la Cancillería contrató los servicios de un abogado consultor que apoya a la embajada de México en Malasia para "garantizar un adecuado seguimiento del proceso" así como los de un abogado especialista en asuntos penales con el fin de coadyuvar en la labor de defensa de los abogados elegidos por los propios hermanos Villarreal en su lucha por salvar su vida.
