En concreto, el recurso está siendo efectuado por la defensa de Gularte ante la convocatoria del Gobierno de Indonesia el próximo sábado a los embajadores de todos los países cuyos ciudadanos se encuentran en la misma situación (Australia, Filipinas, Ghana y Nigeria).
La sospecha es que, como dictan las leyes indonesias, los diplomáticos serán avisados del fusilamiento de los presos con 72 horas de antelación para que los familiares puedan ser informados con el debido tiempo, especialmente después de que esta semana el portavoz de Gobierno de Indonesia, Tony Spontana, anunciase los preparativos oficiales para la ejecución.
El caso concreto de Gularte, de 42 años, detenido en 2004 por portar 6 kilogramos de cocaína escondidos en dos tablas de surf, la ejecución podría contravenir las leyes de Indonesia debido al diagnóstico de esquizofrenia por parte de un médico contratado por la familia del reo, aunque el parte oficial del médico de la Fiscalía General de Indonesia jamás ha sido divulgado.
El antecedente del también brasileño, Marco Archer Cardoso, ejecutado en enero por el mismo motivo a pesar de las solicitudes de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, supuso un enfriamiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Joko Widodo, llegando incluso a ser llamado a consultas el embajador brasileño en Yakarta.
En declaraciones a Sputnik Nóvosti, el asesor de derechos humanos de Amnistía Internacional Brasil, Mauricio Santoro, denunció que el presidente indonesio habría escogido "una estrategia electoral en la cual se emplea la pena de muerte como un instrumento de propaganda política" y añadió que "la muerte de esos prisioneros es una manera de conquistar apoyo popular y desviar la atención de varios otros problemas de orden público en Indonesia".
El último recurso por el indulto de Gularte será interpuesto el próximo lunes 27 de abril ante la Justicia de Indonesia, según confirmó el abogado Ricky Gunawan a la prensa brasileña este viernes.
Al menos 130 presos permanecen a la espera de ser ejecutados en corredores de la muerte de Indonesia, de los cuales 57 estarían acusados por tráfico de drogas, un delito que el presidente Widodo habría declarado como una "plaga nacional".
