Los jueces de Estrasburgo emitieron su fallo horas después de la primera reunión del nuevo gabinete conservador de David Cameron, que incluye la abolición de la legislación de Derechos Humanos en su programa de gobierno.
En vigor desde 1998, este marco legal incorpora la Convención Europea en Derechos Humanos redactada con la participación de juristas británicos y adoptada en 1953.
El primer ministro quiere sustituir el Convenio por una “Ley británica de Derechos” en protesta por varias decisiones adoptadas en Estrasburgo que difirieron de la postura previamente ratificada por el Parlamento de Westminster o el Supremo.
Expertos en Derecho internacional advierten sin embargo que la abolición de la ley en Derechos Humanos será contraproducente, difícil de aplicar en las administraciones autonómicas y puede conducir en última instancia a la expulsión de Reino Unido del Consejo de Europa.
Por lo pronto, el consejero de Justicia, Alex Neil, recalcó esta tarde en el Parlamento de Edimburgo que el Gobierno escocés y los diputados independentistas del SNP se opondrán a la abolición de dicha legislación.
Neil explicó en el pleno de Holyrood que “la implementación de las propuestas del Gobierno conservador requerirán consentimiento legislativo” de las autoridades autonómicas.
“Este parlamento dirá con claridad que no dará semejante consentimiento”, señaló el consejero, abriendo un próximo punto de fricción entre Edimburgo y Londres.
El fallo de hoy considera que la ley antiterrorista británica se ajusta a la carta magna europea en dos casos paralelos de detención en Irlanda del Norte bajo la ley antiterrorista.
Entre los demandantes está un destacado disidente republicano, Colin Duffy, quien fue detenido en conexión con el asesinato de dos militares en 2009 y cuyo proceso desestimó un juzgado norirlandés por falta de pruebas.
Otros dos irlandeses, Gabriel y Teresa Magee, estuvieron retenidos bajo sospecha de la muerte de un policía el mismo año; ambos fueron liberados sin cargos.
Los tres alegaron que su retención, durante doce días consecutivos, viola los artículos del Convenio europeo referentes a los derechos a la libertad, seguridad y juicio en un plazo de tiempo razonable.
La legislación antiterrorista británica admite la extensión del plazo de retención en comisaría más allá de las 48 horas habituales cuando la investigación de un crimen lo justifica.
