La información está contenida en documentos oficiales del Comando Norte (Northcom) desclasificados y divulgados por el centro de investigaciones independiente National Security Archive, reporta este miércoles el corresponsal del diario mexicano La Jornada desde Nueva York, David Brooks.
Tras el hallazgo de las fosas con 28 cadáveres en un cerro cercano a Iguala (220 km al sur) los análisis de ADN establecieron que los restos no pertenecían a los estudiantes desaparecidos, que según la investigación federal mexicana fueron asesinados, sus cuerpos incinerados y lanzados a un río.
Un documento resume las investigaciones en México hasta mediados de octubre, reportando al Departamento de Defensa que el paradero de los 43 estudiantes normalistas aún no se sabía, pero que se habían encontrado nueve fosas comunes más con restos humanos.
Además, el Departamento de Estado suspendió sin aviso público la asistencia de EEUU al Batallón 102 del Ejército, tras otra masacre, registrada en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 sicarios, 15 de ellos ejecutados por militares después que se habían rendido, según la investigación federal mexicana.
El grupo de trabajo del Northcom, con sede en Colorado y responsable de programas del Pentágono en México, Canadá y EEUU examinó el caso Tlatlaya tras el arresto de un oficial y siete soldados acusados de homicidio y señaló que había "mayor aceptación (oficial) de que los militares" estaban involucrados.
El informe de Defensa de EEUU expresaba preocupación de que el caso podría obstaculizar la asistencia militar estadunidense: "Si (el comandante de la zona militar) está implicado en una grave violación de derechos humanos, la zona militar entera y 10.000 integrantes serán inelegibles para la asistencia en la cooperación de seguridad estadounidense".
"No hay respuestas fáciles a los interrogantes alarmantes provocados por el número espantoso de fosas comunes que ahora se están descubriendo en México", indica el National Security Archive al ofrecer los documentos desclasificados.
"Lo que parece claro es que una estrategia estadounidense que ha invertido miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en ese país en la última década (…) ha logrado poco en limitar los niveles epidémicos de violencia o la capacidad de los grupos criminales de comprometer funcionarios gubernamentales en todos los niveles", concluye el organismo.
