La lucha contra la corrupción no puede ser políticamente motivada

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Es imprescindible luchar contra la corrupción a nivel global, pero esta lucha no puede ser utilizada como medio para alcanzar determinados objetivos políticos, declaró a Sputnik el presidente de la Asociación Rusa de Derecho Internacional, Anatoli Kapustin, al comentar los recientes hechos vinculados al escándalo de corrupción de la FIFA.

"Todos comprendemos que en la actualidad la corrupción es un fenómeno global, (…) es preciso dar la bienvenida a cualquier esfuerzo para combatirla; pero cuando la lucha de la corrupción se convierte en medio para lograr determinados objetivos políticos, no podemos estar de acuerdo", indicó.

A instancias del Departamento de Justicia de EEUU, las autoridades suizas arrestaron en Zúrich en la madrugada de este miércoles a siete altos dirigentes de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), acusados de fraude, chantaje y lavado de dinero, una investigación que incluye a un total de 14 miembros de esa organización.

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Entre los ejecutivos de la FIFA detenidos o requeridos se encuentran Rafael Esquivel, Nicolás Leoz, Jeffrey Webb, Eduardo Li, Eugenio Figueredo y José Maria Marin.

Según Kapustin, llama la atención el hecho de que EEUU se abrogan el derecho "de extender su jurisdicción a sucesos que tienen lugar bien lejos de sus fronteras".

"Si EEUU tiene en un principio determinados intereses, debe respetar también los intereses de la comunidad internacional en general y las leyes internacionales, que presuponen que si existen razones consistentes para acusar a determinadas personas de corrupción, se debe proceder sobre la base de las normas existentes", reflexionó.

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El jurista indicó que las normas suponen dos condiciones para la persecución penal.

La primera, según Kapustin, consiste en el principio de la nacionalidad o ciudadanía.

"Las personas acusadas de corrupción deben ser ciudadanos del país que abre la correspondiente causa penal contra ellas", señaló.

Kapustin indicó que la segunda condición consiste en el principio de la territorialidad, donde cada estado "ejerce su jurisdicción, incluyendo la penal, en su territorio".

Si dichos delitos, observó el especialista, se hubiesen realizado en territorio de EEUU, este proceso estuviera justificado.

"Por cuanto entiendo, no hay ciudadanos de EEUU entre los detenidos, sino que se habla de intereses, uso del sistema financiero y etcétera… se trata de conceptos muy vagos", advirtió.

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El presidente de la Asociación Rusa de Derecho Internacional señaló que "estos métodos de lucha contra la corrupción no generan orden legal; en primera instancia, su legitimidad es harto dudosa, y en segunda instancia, provocan caos, desorden, anarquía".

"La lucha contra este tipo de delitos debe realizarse sobre la pase de principios claros de cooperación internacional, todos los países interesados deben participar es este tipo de acciones", señaló.

Kapustin recordó que a los norteamericanos les gusta hablar de la supremacía del derecho y la ley, tanto en EEUU como en el exterior, pero que en este caso "no se observa para nada la supremacía de la ley, ya que la solicitud de extradición solo puede realizarse sobre la base del acuerdo internacional existente entre Suiza y EEUU y que supone la extradición de ciudadanos de dos países, Suiza y EEUU".

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"La extradición de otros estados, terceros estados, ya sea de un funcionario o un ciudadano común, no está prevista en este acuerdo", observó el jurista.

Según Kapustin, esto significa implica una salida del marco de las leyes internacionales, "constituyendo una afrenta a la legislación internacional".

"En vez de cooperar, aunar esfuerzos, intentan abrogarse el derecho y demostrar que esas capacidades pueden ser utilizadas con objetivos políticos", concluyó.

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