No es la economía, que aún no despega a pesar de tanta reforma "energizante"; ni la política, a la que ven como un reducto cada vez más ajeno en el que medran los arribistas de turno. Si algo preocupa realmente a los mexicanos es el nivel de inseguridad que vive el país, ese deterioro de la convivencia civilizada que se hace visible en el auge de los delitos de alto impacto —secuestros, asaltos, asesinatos-, situación que la ciudadanía advierte como un riesgo cada vez más cercano y tangible no sólo por su proliferación sino además por la percepción de impunidad con que se cometen.
De esto último da certeza un estudio llevado a cabo por la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, el cual arrojó un resultado devastador: según el "Índice Global de Impunidad 2015", de 59 países analizados (todos miembros de la Organización de Naciones Unidas), México ocupó el segundo lugar, una estadística cuya gravedad pasa de lo que le abona al nivel de inseguridad que desasosiega a la ciudadanía a la desconfianza de la misma hacia un Estado que percibe como fallido en su rol de protector y de procurador de justicia.
Sin duda alguna, la prevención del delito es un punto importante para abatir los altos índices del mismo, bien sea por la vía de fomentar valores de conducta en la escuela y el hogar, el combatir la pobreza que arroja al delito a quienes no ven otra salida a sus paupérrimas condiciones de vida o por la presencia disuasoria de un cuerpo policial que proteja y sirva a la ciudadanía. En este último punto, según el referido estudio, México presenta una cifra presuntamente eficaz: 355 agentes del orden por cada cien mil habitantes, cuando la media internacional es de 332.
El corto brazo de la leyei
Sin embargo, tan importante como prevenir el delito es castigar a quienes incurren en él. Solo así se acabaría con el círculo vicioso fomentado por la impunidad. Pues si bien es cierto que una cultura de la legalidad no puede asentarse solamente en el castigo o el temor al mismo, de nada valdrá tampoco que escuela y hogar se erijan en baluartes de la formación de una ética ciudadana si el crimen queda sin punición. Y no tanto porque ello pueda incitar a quebrantar la ley a personas que se resisten a ello por miedo a la condena, sino por el clima de inseguridad al que habría que acostumbrarse a vivir con tanto criminal libre en las calles. Amén de que ello nulificaría toda esa cultura de la denuncia que las autoridades quieren convertir en uno de los pilares sobre los que se levantaría el México seguro al que todos aspiran.
Las razones para esta deuda son variadas, entre ellas la de un sistema judicial superado por el cúmulo de delitos que debe sancionar, lo que conduce a que un alto número de personas en prisión estén en espera de sentencia (el 46%, según el estudio referido); sin embargo, a la gente le cuesta creer en ello, por más que las cifras indiquen que en México apenas si hay cuatro jueces por cada cien mil habitantes (el promedio internacional es de 17), magistrados que deben atender al año unos 500 expedientes judiciales. Más bien se tiende a pensar, y no sin razón, de la colusión de las autoridades que deben hacer cumplir la ley con quienes delinquen, o en caso extremo, como lo demostró la noche triste del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que delincuentes y autoridades se cubren con el mismo ropaje.
También influye mucho en la percepción ciudadana de impunidad el hecho de que en México los problemas existan en dos universos: el real y el mediático. En el primero de ellos los sufren los ciudadanos, en el segundo las autoridades. De ahí que cuando los problemas desaparecen del radar de los "mass media" ello se confunde con la solución. De lo que no se habla, ni se ve, ni se escucha, se tiende a creer que no existe. Por fortuna las redes sociales ayudan a mantener la visibilidad de esos problemas que buscan escapar al "largo" brazo de la ley y que de no ser "trending topics" se diluirían en la banalidad mediática, una de las formas fácticas de la impunidad.
Cuando la inmunidad se convierte en impunidad
Y si de impunidad se habla, no puede soslayarse el tema del fuero constitucional, ese privilegio del que gozan algunos servidores públicos que impide puedan ser detenidos y sometidos a proceso penal sin previa "declaración de procedencia" (desafuero) por parte de la instancia legislativa correspondiente. Lo que fue concebido para proteger a dichos funcionarios de acusaciones sin bases ha servido en algunos casos para que evadan —siquiera temporalmente- la justicia, como ocurrió en José Luis Abraca, alcalde de Iguala, presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien tuvo tiempo para escapar mientras los diputados del estado de Guerrero deliberaban si procedía someterlo a un juicio para revocarle su inmunidad.
Se dice que ante la ley "todos somos iguales", pero al parecer, según la antidemocrática figura del fuero, "algunos son más iguales que otros"; se dice que "la justicia tarda pero llega", sin embargo, para algunos, esa tardanza infinita lacera tanto como el crimen sin castigo del que en alguna lejana ocasión fueron víctimas.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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