Las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, un millar de alcaldías y nueve gobiernos provinciales "ocurren en un contexto novedoso: la explosividad social, con un planteamiento muy peligroso en la mesa, que cobró carta de naturalización, el boicot a las elecciones", dijo Córdova en entrevista con el noticiario Imagen, de cobertura nacional.
"Es como decir, 'tengo demandas y si no me las cumples impido la elección', y no solo los guerrerenses en torno a los padres de los estudiantes desaparecidos (de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, Guerrero), sino de cualquier demandante social pone la alternativa de impedir la elección", lamentó el titular de la autoridad electoral.
Durante cinco meses unos 40.000 funcionarios electorales recorrieron el país para convocar a 85 millones de electores (el total de la población mexicana ronda los 120 millones de habitantes) "y no hemos tenido incidentes graves que lamentar, aparte de algunos asaltos", explicó.
Los "focos rojos" de la autoridad electoral están en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, los pueblos de las montañas de Guerrero, Tlapa, y Tixtla, sede de la escuela normal de maestros rurales de Ayotzinapa, "corazón del movimiento popular guerrerense", dijo el responsable electoral.
"En términos relativos, en 97,2% de las casillas electorales del país no tenemos problema, y hay expectativa de problemas en 3,3% de casillas en Oaxaca", dijo Córdova.
El máximo responsable del organismo, que debuta en reemplazo del antiguo Instituto Federal Electoral, denunció que en ciertos sectores hubo "intención de erosionar al INE y confrontarlo con la sociedad, porque de la credibilidad del INE depende la credibilidad de las elecciones y la paz pública".
Existe un intento deliberado de hacer descarrilar el proceso electoral, polarizar la situación política con disturbios y enfrentamientos callejeros, y ante ese plan "las autoridades electorales son garante de la democracia", puntualizo el presidente del INE.