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Marchas anticorrupción llevan más de un mes en Guatemala

© REUTERS / Jorge Dan LopezMarcha anticorrupción en Guatemala
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Guatemala vive una oleada de protestas inéditas, que comenzaron con la revelación de un esquema de contrabando organizado desde el propio Estado y conocido como La Línea.

Las manifestaciones, en las que por primera vez se unieron sectores de clase media urbana, indígenas y estudiantes universitarios, se impulsan desde las redes sociales a través del hashtag #RenunciaYA y continúan casi un mes y medio después de que se diera a conocer el escándalo aduanero.

Para un país todavía afectado por las secuelas de la guerra civil (1960-1996) y, más recientemente, por la corrupción, la violencia y la inseguridad, estas protestas son observadas como una oportunidad de cambio por una parte de la población.

"Después de la larga noche de tantos siglos de represión y miedo, este es el inicio de una nueva etapa en Guatemala", dijo a Sputnik Nóvosti la activista indígena Andrea Ixchíu.

"Cambiar nuestro sistema político, económico y social sin duda requerirá del trabajo constante de todas y todos", agregó.

Ixchíu no espera cambios abruptos e inmediatos, pero tiene esperanza de que se conforme una nueva forma de ciudadanía.

La activista social Rosina Cazali celebró que la creatividad de las manifestaciones haya desbordado la plaza pública, pero también advirtió que "ahora se empieza a tomar conciencia de lo frágil que es el sistema guatemalteco" y de lo mucho que queda por hacer.

"Faltan pocos meses para las elecciones y un país como este, con la historia que viene arrastrando, no tiene las estructuras para enfrentar los cambios que estamos demandando", explicó Cazali.

En ese sentido, una de las principales demandas sociales es la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos antes de los comicios generales de septiembre.

La gota que colmó el vaso

La investigación del caso La Línea, llevada a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (fiscalía), comenzó en 2014 ante la sospecha de que un grupo de importadores tenían contactos con una red de agentes aduaneros para evadir el pago de impuestos.

Lo especial de este caso es que "por primera vez existen pruebas contundentes de la participación de cargos importantes de Gobierno en actos desmedidos de corrupción", dijo a Sptunik Nóvosti el investigador Julio Prado, miembro de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que adelanta proceso contra funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El escándalo fue de tal magnitud que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuya mano derecha dirigía la trama criminal.

Días después, el presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a cesar a varios ministros y altos funcionarios.

"La tensión ya era enorme cuando el caso se dio a conocer", ya que en esos momentos "se denunciaban irregularidades en un contrato millonario para el saneamiento del lago de Amatitlán" y se estaba decidiendo la permanencia de la CICIG, creada por acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas.

"La opinión pública estaba volcada a las críticas, y saber que robaban al fisco, molestó mucho", añadió Prado.

Para Cazali, este caso confirma que desde antes de asumir el Gobierno, "el principal objetivo del (gobernante) Partido Patriota, del presidente y de sus aliados era robar".

Así transformaron la política en una "empresa privada y de lucro ilícito", opinó.

Al gran escándalo de La Línea se sumaron el arresto por fraude del presidente del Banco Central y del titular del Seguro Social, que había sido además secretario personal de Pérez Molina.

De esta forma, la situación del Gobierno se complica más, lo que hace prever que las protestas continuarán.

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