El montañoso estado de Guerrero se convirtió en epicentro de las acciones de boicot en México contra los comicios de medio mandato presidencial (2012-18), y ha sido sacudido por la muerte de 16 personas en un choque armado horas antes del proceso.
El enfrentamiento armado ocurrió al atardecer del sábado en el municipio Acapulco donde se ubica el emblemático puerto turístico mexicano, entre supuestos delincuentes y policías comunitarios en Guerrero, uno de los cuatro "focos rojos", por el peligro de actos violentos, junto con los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, al sur del país latinoamericano.
Los temores a las acciones de boicot convocadas por familiares y compañeros de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, desparecidos en septiembre del año pasado, tras una masacre en la ciudad de Iguala, fueron reforzados este domingo al ser destruido e incendiado el material electoral en Tixtla, sede de la escuela de magisterio rural en Guerrero.
Los inconformes que convirtieron la sede de la escuela rural en centro de promoción del boicot electoral, a unos 50 km de la capital de Guerrero, Chilpancingo (200 km al sur de la ciudad de México) denunciaron "el hostigamiento de fuerzas de seguridad pública y fuerzas armadas, así como el asedio militar en la ciudad de Tixtla en la víspera del inicio de la jornada electoral en México".
El movimiento popular que surgió de la masacre de los estudiantes mantiene "una postura firme de no permitir las elecciones en tanto que no presenten con vida a los 43 estudiantes desaparecidos; y existan garantías de que estas graves violaciones de derechos humanos no vuelvan a repetirse", dijo a Sputnik Nóvost el director del centro de DDHH de la Montaña Tlalchinollan de Guerrero, Abel Barrera.
En Tixla hubo casillas electorales que no fueron instaladas, dijo el líder humanitario, "pero también el Ejército ha ocupado los lugares estratégicos de la ciudad, y está apostado en los cerros, con un mensaje de represión a cualquier ciudadano que quiera impedir la elección".
"Es paradójico que el recurso de la fuerza sea utilizado para garantizar la libre elección", dijo Barrera.
El Comité estudiantil de la Normal de Ayotzinapa expresó la decisión de convertir las protestas contra los comicios "en un día importante para el proyecto de reconstrucción de Nación y del tejido social".
"Mientras no haya seguridad de que gobiernos corruptos no serán los que estén en el poder, no queremos permitir que cosas como las que ocurrieron en Iguala vuelvan a suceder, y el boicot electoral es parte de esta determinación", afirman los alumnos inconformes.
"Ningún partido político se ha pronunciado sobre las causas estructurales de la colisión entre las autoridades y el crimen organizado y la violencia generalizada que afecta a la población guerrerense", dijo en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, "Tlachinollan".
"El Estado debe garantizar los derechos a la libre expresión y manifestación de las distintas expresiones de la sociedad civil en un Estado democrático", dijo el organismo humanitario.
Los inconformes denunciaron "la regresión autoritaria del uso de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restringir y reprimir las expresiones de descontento ante el proceso electoral".
Los líderes populares afirman que el gobierno "permitió y respaldó la acción violenta de grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, que se enfrentaron contra los grupos sociales" en las montañas de Guerrero, como la ciudad de Tlapa.
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron "la ilegalidad del uso de las Fuerzas Armadas en cualquier disuasión de manifestaciones y en operativos exclusivos de seguridad pública, es un proceso electoral se quiere imponer con violencia de Estado, por encima de conflictos sociales no resueltos", indica un comunicado firmado por varias ONG de Guerrero.
Quienes apoyan los comicios afirman que la respuesta a las demandas sociales, "no es la quema de casillas electorales ni el boicot, sino abrir el ostión de la clase política", dijo Fernando Belauzarán, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda).
A las elecciones han sido convocados 83,5 millones de electores para renovar los 500 asientos de la Cámara de Diputados, casi un millar de alcaldías y nueve gobiernos provinciales, entre ellos Guerrero.