En 2014, España ofreció protección internacional a 1.585 personas, provenientes sobre todo de Siria y Ucrania, de las cuales sólo se les concedió el estatuto de refugiado a 384.
En una rueda de prensa, la organización denunció el alto número de resoluciones desfavorables, que alcanzó un 56%.
"Son datos que muestran con claridad el escaso compromiso tanto de España como del conjunto de la Unión Europea con las personas refugiadas" destacó Nuria Díaz, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR.
En la presentación del informe, "Las personas refugiadas en España y Europa", la organización humanitaria cifró en más de 55 millones las personas que han sido obligadas a huir de sus hogares por algún conflicto o persecución.
Por primera vez, Siria se convirtió en el principal país de procedencia de personas refugiadas, con más de 3,5 millones. Líbano, Turquía, Jordania, Irak o Egipto asumieron el 97% de estos refugiados.
Según CEAR, la guerra civil en Ucrania originó "el mayor éxodo en Europa desde el fin de las guerras de los Balcanes".
El conflicto ha forzado el desplazamiento de más de un millón y medio de personas.
"Pese a esta dramática situación, la Unión Europea sigue sin facilitar vías legales para las personas que huyen de estos conflictos, lo que obliga a las personas refugiadas a arriesgar sus vidas en peligrosas travesías en el Mediterráneo", señaló Estrella Galán, secretaria general de CEAR, según la nota hecha pública por la organización.
"No se pueden fijar límites en el respeto al derecho internacional que determina la obligación de conceder refugio a las personas que huyen de un conflicto", recalcó Galán, quien señaló que, según la agencia europea Frontex, más del 80% de las personas que llegan a Europa son potenciales beneficiarios de protección internacional.
CEAR recordó que desde el año 2000, más de 22.000 personas obligadas a huir de sus hogares murieron ahogadas en el Mediterráneo al intentar llegar a territorio europeo.
La organización lamentó que, con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana en España que pretende dar cobertura legal a las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla, supone un importante retroceso en el derecho de asilo.
"A pesar de la puesta en marcha de las Oficinas de Asilo en Ceuta y Melilla, las personas de origen subsahariano siguen siendo las grandes excluidas por no permitírsele el acceso a las mismas", indicó Díaz.
