Tras visitar tres prisiones controladas por el Ejército de Libia y los Ministerios de Justicia y del Interior, la ONG publicó un comunicado de prensa, según el cual “muchos detenidos dijeron que los interrogadores les forzaron a ‘confesar’ en los crímenes serios bajo las torturas”.
“Describieron otros abusos, incluidos la falta del juicio justo, la ausencia del cuidado médico, así como la denegación de visitas familiares, las pobres condiciones y la falta de la notificación para las familias sobre la detención”, revela el comunicado.
El documento está basado en las entrevistas con 73 detenidos, incluidos los menores de edad.
Todos ellos son sospechosos de pertenecer a grupos yihadistas, en particular, de Estado Islámico y Ansar al Sharia, sin embargo, precisó la ONG, no fueron acusados oficialmente.
HRW recomendó a las autoridades a declarar cero tolerancia hacia las torturas y advirtió que los que abusan de detenidos podrán someterse a investigaciones internacionales y enfrentar acusaciones si siguen violando los derechos humanos.
Después de la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia sigue sumida en una profunda crisis política. En el país operan numerosas milicias regionales y tribales que en algunas zonas cuentan con mejor armamento que la policía local.
Existe actualmente una dualidad de poder: por un lado, el Parlamento elegido en las elecciones generales con sede en Tobruk (este de Libia) y el Gobierno de transición dirigido por Abdalá al Thani; por otro lado, el Congreso General de la Nación de tendencia islamista con sede en Trípoli y el primer ministro elegido por este Congreso, Omar al Hasi.
Una serie de regiones de Libia no está bajo control de estas autoridades centrales.
Asimismo, actúan en Libia múltiples grupos armados entre los que se incluyen los islamistas radicales.
Una parte de estos grupos juraron fidelidad al Estado Islámico, que controla territorios considerables en Siria e Irak y realiza ejecuciones públicas de rehenes.
