"El 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en España, que cuenta con un total de 3,44 millones en un momento en el que decenas de miles de personas se quedan sin hogar a consecuencia de los desalojos", explicó Koldo Casla, investigador y autor del informe de AI.
"Entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria, mientras había más de tres millones de viviendas vacías", denunció Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
"En Cataluña el 11,6% de las viviendas están vacías y en Madrid el 9%", aseguró Casla en declaraciones a Sputnik Nóvosti.
Sin embargo, este dato no es el único alarmante que denuncia Amnistía Internacional.
España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de toda la Unión Europea, un 1,1%, sólo por encima de Grecia y lejos de otros países como Holanda, con un 32%, Austria, un 23% o Francia un 17%.
La conclusión principal que se extrae del informe es que las medidas puestas en marcha en los últimos años en materia de vivienda por los gobiernos central y autonómicos "no se ajustan a las normas internacionales sobre derechos humanos".
"Según el derecho internacional, las autoridades tienen la obligación de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda de las personas, especialmente de las que estén en situación de mayor vulnerabilidad", denunció Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, en una rueda de prensa en Madrid.
"En un momento de crisis económica, cuando las personas necesitan de mayor protección, las autoridades, además de medidas insuficientes, han adoptado otras regresivas injustificadas, contrarias al derecho internacional, como la reducción, en más del 50% del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015", aseguró Casla.
Según el director de Amnistía en España, todas estas medidas se han adoptado en un contexto de "creciente necesidad y demanda de vivienda social y han provocado una mayor indefensión en la población, que encuentra mayores dificultades en el acceso a la vivienda social. Las autoridades deberían asegurar que nadie se quede sin hogar".