Una treintena de organizaciones venezolanas de derechos humanos aseguraron en un informe que, pese algunas reformas y avances legislativos, el Estado no ha cumplido su obligación jurídica de proteger estas garantías y que "se siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos".
Ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU también se presentó Liliana Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, quien permanece encarcelado desde hace 16 meses, acusado por el gobierno de ser responsable de la violencia de las protestas estudiantiles que comenzaron en febrero de 2014, para pedir "la liberación de los 75 presos políticos que hay en Venezuela".
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró al Comité que el derecho de manifestación y de reunión está consagrado en el ordenamiento jurídico del país, pero "condicionado a que sea pacífico y sin armas".
"En Venezuela es cotidiano que se realicen manifestaciones públicas. El deber de la policía es que no deriven en la vulneración de los derechos de los demás", agregó.
La fiscal aseguró que el Estado venezolano no avala que la policía atente contra los derechos humanos y recordó que en este año "se ha imputado a 152 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado, se ha acusado a 110, y 53 han sido condenados".
Las organizaciones firmantes del documento de la sociedad civil aseveran que en Venezuela "persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y detenciones arbitrarias, así como los ataques contra periodistas y contra quienes son críticos con las autoridades".
"Venezuela no cumple con el Pacto Internacional desde hace años. Un ejemplo son los temas relativos a la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales), que nunca se han tenido en cuenta porque es un tema incómodo para el Estado", dijo a Sputnik Nóvosti la activista Ana Margarita Rojas, vicepresidenta de la Fundación Reflejos.
"Todavía no existe una ley contra la discriminación", lamentó.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes al canal Globovisión que "hay que ir avanzando" en cuanto a la protección de la comunidad LGBTI y que personalmente apoyaría una ley que legalizara el matrimonio homosexual.
"Por supuesto, vamos a tener reacciones de la Iglesia (Católica)", dijo Cabello. "Respetamos profundamente la opinión de cada uno, pero hay una realidad que está ahí y cada día uno la ve más y en algún momento alguien hará la propuesta correspondiente", aseveró.
Por su parte, la organización Laboratorio de Paz, que defiende los derechos de los pueblos indígenas venezolanos, expuso en un comunicado los escasos avances en la demarcación de los territorios de estas poblaciones.
A su vez, el Observatorio Venezolano de Violencia indicó que, a fines de 2014, Venezuela era el segundo país del mundo con mayor proporción de homicidios, con una tasa de 82 muertes cada 100.000 habitantes, solo superada por Honduras (104 homicidios cada 100.000).
El profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, David Gómez Gamboa, miembro de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos del estado Zulia, dijo a Sputnik Nóvosti desde Ginebra que el país necesita entablar un diálogo abierto y constructivo con organismos internacionales y regionales especializados, "abriéndose a su escrutinio y poniendo en práctica sus recomendaciones con el fin de abordar los graves problemas de derechos humanos que aquejan a Venezuela".
En las siguientes 48 horas, la delegación del gobierno ofrecerá ante el Comité de Derechos Humanos las respuestas a las preguntas realizadas durante las sesiones de lunes y martes.
En las próximas semanas, el Comité emitirá sus recomendaciones al Estado y fijará un plazo de cumplimiento.
