"Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", indica la orden de relevo y designación de mando del teniente jefe de la patrulla de ocho militares del 102º Batallón de Infantería involucrada en los hechos.
La orden de "abatir delincuentes" dada a los militares en tareas de seguridad pública, fue obtenida por los defensores humanitarios "legalmente mediante un proceso jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense".
La presentación del informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir" contó con la primera presentación pública de la testigo y sobreviviente "Julia", como fue bautizada por periodistas de una investigación que localizó a la víctima de abusos, quien exigió justicia y seguridad para ella y su familia.
En Tlatlaya, unos 350 km al sur de la Ciudad de México en el vecino Estado de México, debe investigarse la cadena de mando del Ejército, porque han sido encontradas "órdenes militares inconstitucionales que propician graves violaciones a derechos humanos", dijo Mario Patrón, director de la ONG humanitaria de la Compañía de Jesús.
La principal sobreviviente y testigo Gloria Gómez —que ofreció su testimonio bajo anonimato dos meses después de la tragedia a la revista Esquire en español y la agencia Associated Press (AP), que protegieron un año su nombre como Julia-, dijo que la falta de un esclarecimiento pleno de los hechos le orillaron a pronunciarse públicamente en el marco del primer aniversario de los hechos ocurridos la madrugada del 30 de noviembre y difundidos en un parte militar del 1 de julio.
La principal testigo de los hechos reivindicó la memoria de su hija Erika, adolescente de 15 años, muerta en esa masacre "quien no ha sido considerada víctima pese a los indicios de que la evidencia fue manipulada también respecto de ella".
Julia denunció que al difundirse "públicamente con falsedad" que ella habría recibido una reparación millonaria, se le ha puesto "en un peligro inminente" y responsabilizó al Gobierno Federal de cualquier atentado contra su persona: "Quiero que me dejen en paz, vivir tranquila", suplicó.
La denuncia humanitaria exige que se investigue la responsabilidad de los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando.
El organismo jesuita denuncia "significativas discrepancias en el número de víctimas de ejecución que subsisten en las versiones oficiales", de manera que hubo responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas.
La Comisión Nacional de DDHH denunció que al menos 12 presuntos delincuentes fueron ejecutados en forma sumaria y una comisión del Congreso contabilizó 15 víctimas, además de la manipulación de armas y la escena del crimen para simular combates.
El organismo que también es parte de la defensa de las víctimas de la masacre y desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, perpetrada hace nueve meses, denuncia la "indebida extensión del fuero militar", como un límite de la reciente reforma en la materia.
"La ausencia de un trato digno para las víctimas" es parte de una lista de recomendaciones para revertir la impunidad, junto con la creación de una nueva comisión indagatoria en la cual participen especialistas independientes conforme al Protocolo de Minnesota.
La organización civil fundada por los Jesuitas anunció que las órdenes militares contrarias a los DDHH han sido enviadas al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
La presentación del informe estuvo acompañada por Amnistía Internacional; Artículo 19; el Centro de Análisis e Investigación Fundar; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); entre otros, que ahora exigen "investigar la responsabilidad institucional del Ejército".
