"Para este Gobierno los sospechosos somos los campesinos, los estudiantes, el movimiento social", dijo a Sputnik Nóvosti el senador Alberto Castilla, del opositor Polo Democrático Alternativo (centroizquierda), legislador que ha denunciado el caso públicamente junto con la Universidad Pedagógica Nacional, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Asociación Minga y Justicia y Paz.
"Quedó demostrado durante toda la audiencia que ninguno de los detenidos tiene nada que ver con los hechos que el gobierno salió a denunciar", dijo el senador.
En la misma línea se manifestó el editor de la agencia de noticias Colombia Informa, Andrés Rojo.
"El Gobierno toma como excusa la participación de estas personas en actividades sociales y políticas y constituye estos hechos como vinculables a la insurgencia", dijo Rojo a Sputnik Nóvosti.
"Lastimosamente lo que el Gobierno hace es una cacería de brujas para mostrar resultados contra el ELN", agregó.
El pasado 2 de julio, dos "petardos" fueron detonados en dos sedes de la empresa "Porvenir", que administra pensiones y cesantías, desde un primer momento el Gobierno relacionó a los supuestos responsables con el ELN.
Cuatro días después de iniciado el proceso, la Justicia aún no ha podido comprobar que estas trece personas están vinculadas a los atentados.
No obstante los cuestionamientos al accionar del gobierno, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró que las trece personas implicadas no están detenidas "por cualquier cosa", y que hay "elementos de prueba" que vinculan a los detenidos con los atentados del 2 de julio.
Palomino cuestionó además que cada uno de los detenidos cuente con un abogado: "nos llama la atención que tengan el número de abogados que en este momento están teniendo", señaló Palomino a radio La FM.
Las declaraciones del director de la Policía Nacional motivaron la respuesta de los defensores, quienes dijeron sentirse "intimidados, asustados y coartados" en su tarea.
Castilla, primer legislador de orígen campesino que integra el Congreso de la República de Colombia, y vocero de la agrupación Congreso de los Pueblos, que aglutina a distintos movimientos sociales de todo el país, remarcó por su parte que los detenidos nada tienen que ver con los hechos del 2 de julio, y destacó que la Fiscalía los está vinculando con una protesta realizada el 20 de mayo en la Universidad Nacional de Colombia, suceso que no guarda "ninguna relación con los hechos que el gobierno anunció que tenían que ver con atentados a la sede del Porvenir".
"Se violó el principio de presunción de inocencia; el debido proceso, y hubo una condena anticipada en los medios de comunicación, por parte del Gobierno nacional y las autoridades", señaló.
"Es un proceso que se ha convertido en un juicio mediático, tramitado principalmente ante los medios de comunicación y eso sin duda tiene un tinte político", añadió.
A fines de 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se conoció que el Ejército colombiano asesinaba civiles inocentes y los hacía pasar como guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) muertos en combates con el ejército.
El hecho se conoció con el nombre de "falsos positivos", en referencia a que en la jerga militar, el término "positivo" es utilizado para nombrar a los guerrilleros muertos por el ejército.
En ese entonces, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa.
