La protesta de este viernes en Río de Janeiro se une a las anteriores, multitudinarias, en Sao Paulo y Belo Horizonte a lo largo de este año, todas ellas en contra de esta polémica aplicación y especialmente en un momento de crisis económica en la que muchos consumidores prefieren evitar el uso de los taxis, cuyas tarifas consideran por encima del precio de mercado.
El pasado 5 de mayo, la Justicia de Sao Paulo dio marcha atrás a una decisión del juez, Roberto Luiz Corcioli, que la semana anterior determinó la suspensión de las actividades de Uber en la ciudad bajo pena de multa de 100.000 reales (30.425 dólares), que había dado la razón a la denuncia del Sindicato de Taxistas de Sao Paulo (Sintetaxi).
Por su parte, la empresa estadounidense respondió a las grandes manifestaciones de abril en Sao Paulo con un escueto comunicado en el que explicó que "los brasileños deben tener garantizado su derecho de elección para moverse por las ciudades " y que Uber reforzaba públicamente el compromiso de ofrecer "una alternativa segura y fiable de movilidad urbana".
