"No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto", determinó la jueza, según consigna el diario El Espectador.
"Representan un peligro para la sociedad, puesto que se afectó la seguridad de las personas", agregó.
A tres de los procesados, la Fiscalía General les imputó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público, y pueden cumplir penas de hasta 15 años de prisión.
A los diez restantes, se les imputaron los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares y violencia contra servidor público, y se exponen a penas de entre 22 y 30 años de prisión.
Estos últimos serían los responsables de haber llevado más de 800 "papas bomba" (explosivos artesanales) a las protestas del pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional de la ciudad de Bogotá, en la que nueve policías resultaron heridos.
De acuerdo a las pruebas presentadas por la Fiscalía, uno de los detenidos sería el líder de una red urbana del Ejército Nacional de Liberación.
El proceso fue criticado por congresistas y organizaciones sociales de Derechos Humanos, quienes acusan al Gobierno de "criminalizar" las protestas estudiantiles, informa el diario El Tiempo.
