La creación de esta nueva entidad pública se enmarca en las "estructuras de Estado" que pactaron los partidos independentistas CDC (Gobierno) y ERC (centroizquierda) en su hoja de ruta para la estabilidad parlamentaria.
Con todo, el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, explicó en una rueda de prensa que el ICF no entra en el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña como estructura de Estado.
Según Sanromá, se trata de una entidad de crédito público para financiar a las empresas que "tiene sentido, sea cual sea la situación política dentro de unos meses", como muchas otras entidades regionales en Europa.
Ayer, Joaquim Gay de Montellà, presidente de Fomento del Trabajo, la principal patronal catalana, afirmó que no cooperará con la Agencia Tributaria de Cataluña si no está "consensuada" ni "bien vista" por el Gobierno central.
Montellà subrayó que la apuesta de Mas por controlar los impuestos de los catalanes "ha de formar parte de una negociación y un pacto", y advirtió de que hacerlo de manera unilateral llevará a la "inseguridad jurídica y fiscal".
También se opuso al proceso hacia la secesión que Mas abrirá si las formaciones soberanistas ganan los comicios de septiembre: "en este momento no es oportuno un proceso independentista", alertó.
En una entrevista en la cadena de televisión pública catalana 3/24, Gay de Montellà afirmó que en el 27-S se celebran solo "unas elecciones autonómicas", y dudó de que la lista independentista de Junts pel Sí (Juntos por el Sí), que han formado los nacionalistas moderados, pueda "gobernar una empresa con 200.000 trabajadores" como la Generalitat, en referencia a las estructuras del actual poder autonómico catalán.