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Estrasburgo pide explicaciones a España por las expulsiones en caliente de emigrantes

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha pedido a España por primera vez explicaciones por las devoluciones "en caliente" de dos inmigrantes de Mali y Costa de Marfil en la valla de Melilla, ciudad autónoma española al norte de África, el pasado 13 de agosto.

N.D. y N.T, de Mali y Costa de Marfil, acudieron al TEDH para dar su testimonio con el apoyo de los abogados colaboradores del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Gonzalo Boye (España) y Carsten Gericke (Alemania).

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Según explica hoy eldiario.es, los inmigrantes "expusieron a la corte que ese día del verano pasado acudieron a la valla de Melilla desde Marruecos con las esperanzas puestas en llegar al otro lado, a España, a Europa".

Los dos superaron parte del entramado fronterizo y "aguantaron horas subidos a la valla más próxima a la ciudad autónoma, en territorio español".

Los dos ciudadanos subsaharianos terminaron bajando de la valla por la escalera que les suministró las fuerzas de seguridad española.

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En ese momento, los agentes "los entregaron a las fuerzas marroquíes".

Nadie les preguntó su nombre: "no los identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como marcaba la Ley de Extranjería" vigente en este momento, señala el diario que ha tenido acceso a la denuncia.

Según la denuncia, fueron expulsados a Marruecos sin que "pudieran recurrir esta expulsión sumaria y colectiva, prohibida en el protocolo 4 del Convenio, en su artículo 4".

El derecho a recurso, recogido en el Convenio en su artículo 13, consideran que también quedó vulnerado.

El TEDH ha pedido ahora explicaciones al Gobierno español antes de responder sobre si admite la denuncia.

Este tipo de expulsiones sumarias, denunciada por las organizaciones de derechos humanos, es una práctica vigente desde 2005, según ha reconocido el propio Gobierno a pesar de estar prohibida por acuerdos internacionales como la Ley de Extranjería.

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha pretendió legalizar esta práctica a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como ley mordaza, con una enmienda que habla de "rechazo en frontera".

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