"En el InCo tenemos 45 doctores en informática, dos de ellos especialistas en telecomunicaciones hicieron el cálculo con ANTEL (la compañía de teléfonos estatal de Uruguay) y (se) corroboró que el acuerdo no es gratuito, sino que supera varios millones de dólares al año", aseguró Robledo.
La transferencia de datos, cuando es a servidores extranjeros, debe pagarse "y ese es el costo que afrontaría ANTEL".
Los académicos criticaron la política del llamado Plan Ceibal, un ambicioso programa de distribución gratuita de computadoras portables a los alumnos de los colegios y liceos uruguayos.
"En realidad si uno se pone a hilar un poco más fino encuentra un patrón en la forma de las adquisiciones y la forma de las compras que, como opinión personal, Ceibal no tiene una política de fomento del desarrollo local", dijo la doctora en informática y docente Patricia Etcheverry.
La solución implica una postura política diferente y "es una postura un poco más de largo plazo" que según Etcheverry deberían haber implementado "si hubieran hecho las cosas de otra manera desde el 2007" cuando comenzaron.
Los académicos afirman que en el debate no debería primar lo económico, pero de todas maneras, aseguraron que una opción local es menos costosa a los "varios millones de dólares" que costaría el acuerdo en cuestión".
"El costo de una alternativa desarrollada en Uruguay y con servidores locales no superaría el millón de dólares " puntualizaron.
"Google va limitando su alcance en las condiciones a medida que pierde los juicios, pero primero apuntan sacar la mayor información que puedan, luego pierden los juicios y se van acotando", explicó.
La Comisión de Educación y Cultura del senado de Uruguay comenzó a estudiar el acuerdo luego de que la Universidad de la República del Uruguay (UdelaR) planteara dudas sobre la protección de la soberanía de los datos y la real gratuidad del acuerdo para el Gobierno uruguayo.
Por ahora el acuerdo que incluye una cuenta de correo y almacenamiento ilimitada, más el uso de las aplicaciones del paquete "Google Apps for Education" que el Gobierno no debía abonar, se encuentra suspendido y el debate se reanudará el 16 de agosto cuando se presente la nueva alternativa estudiada por la Universidad de la República y ANTEL.